Hacienda niega amenazas y restricción de derechos como lo acusan abogados de EU

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó esta tarde de forma categórica que la autoridad fiscal actúe con tono amenazante y que restrinja los derechos de las personas a buscar representación legal, como lo acusó en una carta la Barra Americana de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés).

"El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal. Reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho", respondió esta tarde Hacienda a ABA.

En la carta fechada el 20 de octubre, la ABA señala que ha tenido conocimiento de que altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que los miembros de la abogacía son un obstáculo para los objetivos de transformación del gobierno mexicano.

"Los funcionarios gubernamentales han pedido a las personas o entidades que se perciba que no han cumplido con sus obligaciones legales que se abstengan de buscar representación legal y en su lugar se acerquen directamente a las agencias gubernamentales para corregir las presuntas faltas de conducta", suscribe la misiva.

Asimismo, la carta acusa que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) está "iniciando o amenazando con iniciar" investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta de flexibilización fiscal que perciban que se ha cometido.

En respuesta a este punto, Hacienda contestó que "dicha aseveración es falsa y sin sustento alguno. La referida Procuraduría ha iniciado investigaciones penales porque es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, y así lo seguirá haciendo" conforme el marco legal que corresponda.

Hacienda indicó que la PFF detecta a algún contribuyente imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal, el cual propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos.

"La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez", sostuvo.

La dependencia aseguró que, si la autoridad identifica conductas de abogados o asesores fiscales que tienen como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, "también ellos serán imputados penalmente, dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal".

Hacienda dejó en claro que una de las grandes prioridades del Gobierno mexicano es perseguir penalmente las conductas criminales, por lo tanto, "la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales, pero cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México".