Desde hace más de dos meses, las dos empresas involucradas con el gasoducto marino que transportará gas natural desde Texas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), previeron la posibilidad de un arbitraje comercial en torno al mismo, como el que promovió la empresa productiva del Estado a finales de junio.
Documentos en poder de El Financiero prueban que el consorcio Infraestructura Marina del Golfo, Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital Variable, conformada por la canadiense TC Energy, antes Transcanada, y la filial de la estadounidense Sempra, IEnova, promovieron el 16 de abril de 2019 una medida cautelar ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Su interés fue que un juez brindara estabilidad a la relación acordada en 2016 con la firma del contrato entre las partes y que hará factible traer el hidrocarburo desde el norte del continente, por vía marina, mediante el "Sistema Sur de Texas-Tuxpan", que ya fue concluido.
Consultada al respecto, IEnova aseguró en un correo que la comunicación en dicho proyecto la lleva TC Energy, quien no estuvo disponible para hacer comentarios.
Fuentes vinculadas con el proceso y que pidieron el anonimato, explicaron que para la CFE la notificación de esa estrategia legal —recibida el 22 de abril de este año, según consta en los documentos— fue una señal de que IEnova y TC Energy buscaban un arbitraje que revisara el contrato original, por ello, la empresa dirigida por Manuel Bartlett actuó en consecuencia.
"Por tanto, ante la existencia de peligro en la demora, procede decretar que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentren, hasta el tanto se determine en el arbitraje respectivo si existe o no incumplimiento por parte de la promovente", expone el texto de la solicitud que hicieron las empresas ante el juez.
Bloquearon garantía
Daniel Ibarra, experto en juicios mercantiles y director del despacho Ibarra Sánchez & Pavía, expuso que este tipo de medidas cautelares son útiles a las empresas para mantener la situación de hecho existente y no verse afectadas antes de iniciar un juicio o arbitraje, como es específicamente que la CFE no ejecute la carta de crédito establecida en el contrato.
El consorcio busca proteger entre otras cosas la garantía por 280 millones de dólares que habría entregado mediante una carta de crédito irrevocable a la CFE para el caso de incumplimiento en la entrega de gas natural mediante el sistema transfronterizo, según consta en los documentos descritos.
Una vez decretadas por un juez, expuso, las cosas deben mantenerse en el estado que actualmente guarden hasta que decida el arbitraje.
Esta medida cautelar, explicó Ibarra, pudo ser promovida con o sin el interés de Infraestructura Marina del Golfo de iniciar un arbitraje, pero ante la posibilidad de que la CFE iniciara uno.
"La solicitud de la empresa al Poder Judicial es: Mantenme la situación que hoy se tiene contractualmente con ellos", detalló el experto, "por ejemplo, las empresas que construían el Nuevo Aeropuerto Internacional de México pudieron promover una medida similar, pero a decir de la información pública disponible, no lo hicieron, con las consecuencias conocidas por todos".