Los representantes republicanos Paul Ryan y Kevin Brady están promoviendo, como parte de la reforma del impuesto de sociedades, lo que ahora se denomina "impuesto de ajuste en la frontera". Este complejo plan requeriría una extensa columna solo para explicarlo en su totalidad pero, en los términos más simples, se lo puede pensar como el pasaje a una estructura de impuesto al valor agregado con subsidios a la inversión empresarial incorporados. Conforme a una característica del impuesto en parte pasada por alto, las compañías ya no podrían deducir los costos de publicidad, intereses, alquileres y beneficios para los empleados de su pago de impuestos. Esto es una fórmula segura para la evasión impositiva y una mayor politización de las relaciones entre el gobierno y las empresas.
Para comprender cabalmente estos problemas, advierta usted que, de acuerdo con las versiones de esta reforma tributaria que hay en circulación, una compañía puede seguir deduciendo sus costos de adquisición de activos y de inventario. De modo que, para mencionar uno de los posibles problemas, si una empresa adquiere un edificio, puede deducir ese gasto, pero no si alquila un edificio similar. El resultado es que el mercado de alquileres se vería muy perjudicado. Algunas compañías levantarían sus propios edificios pero otras podrían celebrar acuerdos temporales de "recompra" para ser propietarias de su espacio ("adquisición de activos") en lugar de alquilarlo. Este es solo un ejemplo de los grandes resquicios legales que el nuevo código tributario podría crear.
No hay una única versión aprobada de cómo funcionaría un impuesto de ajuste en la frontera, por lo que quizá ese resquicio legal no se aplique a la versión preferida por usted. Pero el planteamiento general es el siguiente: al crear una distinción tan marcada entre los gastos deducibles y no deducibles de las empresas, son enormes las oportunidades para sacar partido de la distinta forma en que se tratan las transacciones a los fines impositivos y para presionar con respecto a la categoría impositiva. La sospecha es que la mayoría de los gastos de las empresas, de un modo u otro, podrían convertirse en formas que permitieran su inmediato y total traspaso a gastos deducibles.
¿Y qué hay de una versión del impuesto que permitiera deducir los edificios recién construidos pero no los recién comprados? Pues bien, eso fomentaría una inversión excesiva en nuevas construcciones. También es posible imaginar compras de edificios acompañadas de reformas sobrefacturadas (con la recuperación de parte de ese dinero por medio de una transacción asociada) para que el edificio remodelado cuente como construcción nueva.
Si usted piensa que este tipo de problemas puede eliminarse del impuesto, de acuerdo, tengo un puente para venderle (¿o sería un acuerdo de recompra con unos pocos cables nuevos engrapados a la estructura con fines impositivos?).
Problemas similares de resquicios legales surgen con la eliminación de la posibilidad de deducir intereses. Digamos que mi compañía le va a comprar una máquina a su compañía y normalmente usted ofrecería crédito fiscal para facilitar la compra. Si el interés sobre ese crédito fiscal no es deducible, incorporaríamos los pagos de intereses al precio inicial de la máquina, haciendo que el gasto sea deducible y burlando la intención de la reforma tributaria. O yo podría buscar que usted (y entre bambalinas, su banco) me diera el crédito fiscal en lugar de pedir un préstamo tradicional, convirtiendo nuevamente un gasto no deducible en uno deducible.
Insisto, usted podría encontrar otra modificación de la política que limite esta posibilidad de sacar partido de las diferencias de categorías impositivas pero vaticino que eso abriría otro resquicio legal. Al igual que nuestro sistema actual, el impuesto de ajuste en la frontera se convertiría en un partido entre los abogados tributaristas de cada parte en el que los abogados mejor pagos trabajarían para las empresas y no para el Tío Sam.
Cuando a esta mezcla se le suma el lobby, a las empresas les importarán mucho las interpretaciones legales que permitan que estas deducciones sigan siendo válidas. No creo que las agrupaciones de ciudadanos vayan a tener el conocimiento o la motivación para poner el mismo esfuerzo en este tipo de crípticas batallas legales. Si el objetivo es reducir la carga impositiva de las empresas, sería mejor simplemente rebajar o eliminar la tasa actual del impuesto de sociedades.
O, para tomar otra parte de la reforma propuesta, ¿qué le parece eliminar la posibilidad de deducir los gastos de publicidad? Gran parte de la publicidad hoy se hace en los medios sociales y el software tiene un papel significativo en la colocación de anuncios. Las compañías podrían vender "máquinas publicitarias", con el consiguiente flujo de anuncios incorporado al precio del equipo. Esta probablemente no sea una forma eficiente de manejar la publicidad pero haría bajar el monto que se pagaría en impuestos.
Usted quizá piense que es fácil arreglar estos problemas permitiendo que las compañías deduzcan los gastos mencionados más arriba. Pero entonces el impuesto ya no recaudaría ingresos suficientes para sostener la rebaja de tasa. Otro problema es más conceptual. El impuesto genera parte de su aumento (ostensible) de eficiencia gravando lo que se considera el consumo de las empresas en lugar de su utilidad neta per se, y permitir que más gastos sean deducibles haría que el sistema volviera a ser un impuesto a las ganancias empresariales tradicional, menoscabando así uno de los objetivos de la reforma.
Por eso, a menudo las reformas impositivas que parecen simplificar llevan a más complicaciones y manipulaciones, y eso es lo que parece suceder aquí.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial, la de Bloomberg LP ni la de El Financiero.
*Es columnista de Bloomberg View. Es profesor de economía en la Universidad George Mason y escribe para el blog Marginal Revolution.