La industria agrupada en la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que instale el Consejo de Salubridad General frente a la crisis por el COVID-19 para homologar las disposiciones a nivel nacional y que se atienda tanto a la contingencia sanitaria como a la económica.
"Los industriales hacemos un llamado a que se convoque al Consejo de Salubridad General, órgano dependiente directamente del Presidente de la República, que se encuentra facultado constitucionalmente para emitir disposiciones generales obligatorias en nuestro país para hacer frente a las epidemias", señaló el organismo empresarial.
El objetivo es que se definan las declaraciones generales que uniformen los criterios frente a las afectaciones ocasionadas por el coronavirus y en particular, se proteja y estimule al motor productivo del país, que según ha manifestado la Concamin, para la industria las afectaciones están siendo claras, desde las cadenas globales de valor de las que México forma parte, la acumulación de 16 meses consecutivos de caídas en la producción industrial, el potencial retroceso acelerado de la productividad y la disminución de la inversión ante escenarios de incertidumbre.
"Desde Concamin nos ponemos a disposición de los integrantes de dicho Consejo para proporcionar la información oportuna para que esas medidas consideren también la importancia de que la industria establecida en México siga desarrollando su actividad productiva y aportando no sólo a la atención de la epidemia sino también a la generación de los bienes e insumos necesarios en la prevención y en atención de las personas contagiadas y al empleo", apuntó en el comunicado.
El organismo también ha propuesto al Ejecutivo la realización de mesas de trabajo para suscribir un acuerdo nacional que permita mitigar la posible recesión que se enfrentará en el mundo y mantener el empleo en México, abordando temas como la política fiscal, la política monetaria, el financiamiento de la banca de desarrollo a sectores estratégicos, la regulación, la inversión y el gasto públicos, entre otros.