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La iniciativa de reforma eléctrica abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el suministro de electricidad en el país, acusó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo señaló otras afectaciones como el incremento en los precios de productos y servicios y, el impacto a la inversión ante la incertidumbre jurídica y daños al incumplir tratados internacionales que detonarán paneles y arbitrajes legales.
El CCE indicó, además, que la iniciativa atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.
"Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados", anticipa el CCE.
Dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular, la iniciativa viola la no retroactividad de la ley y eso tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
Los doce organismos miembros del CCE coinciden en que, de ser aprobada la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados con carácter de preferente; se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica", expone el posicionamiento emitido por la máxima cúpula empresarial.
Agregó que estos cambios romperían la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.
La certeza jurídica se vería contrapuesta por un acto de autoridad que modificaría de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos.
"Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible", apunta.
La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) añadió que la iniciativa pasa por encima de derechos básicos como la libre concurrencia y la certeza jurídica, generando costos extraordinariamente altos para el país, los consumidores y el medio ambiente.
"La iniciativa codificaría en ley ventajas artificiales e indebidas para la CFE, permitiéndole desplazar a sus competidores aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante.
"De aprobarse, dada la ilegalidad de esta, condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere", apuntó.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que de aprobarse lo propuesto en la reforma, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, y coincidió en la falta de certidumbre y el alza en costos.
"En Coparmex reiteramos nuestra disposición al diálogo con el Gobierno, el Poder Legislativo, las empresas y la sociedad para encontrar juntos soluciones que beneficien a los mexicanos. En este caso privilegiaremos los acuerdos para que las modificaciones legales a la Industria Eléctrica no afecten la competitividad de las empresas, la economía de las familias y el medio ambiente", señaló el organismo en un comunicado.
Indicó que dentro de las consecuencias del proyecto, México no podría cumplir los compromisos internacionales en materia medioambiental, como el del Acuerdo de París, en el que el país se comprometió a que el 35 por ciento de la energía generada sería limpia para 2024.
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