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La ruta a seguir por la iniciativa de reforma a la Ley Eléctrica una vez que los diputados la aprobaron en lo general y se discutirá en lo particular por los senadores, es que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sea este órgano quien haga valer la constitución y la declare inconstitucional, de lo contrario, comenzarán litigios y paneles de controversia a través del TMEC, coincidieron especialistas.
"Pasa a senadores y tienen un lapso de 15 días para discutirlo y votarlo e instantáneamente, todas las empresas eléctricas, por responsabilidad fiduciaria para no tener la responsabilidad de no haber cuidado los recursos de sus inversionistas, van a tener que ampararse frente a esto y se hará un litigio que en su última consecuencia habrá de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tendrá que pronunciar ante la constitucionalidad de esto", dijo Montserrat Ramiro, especialista en temas energéticos.
El papel de la SCJN será fundamental para declararla constitucional o inconstitucional y de ello dependerá si se abren paneles de controversia dentro del TMEC ya sea como empresas o como país.
"Será un proceso largo que tomará no menos de seis meses a un año y en cuanto esté impugnada no podrá entrar en efecto", señaló la especialista pero confió que con el antecedente de la declaración de inconstitucional de la política de confiabilidad de la SENER, también se declare no constitucional esta modificación a la LIE.
"Va a ser muy difícil para la Corte deslindar esta modificación a la LIE de la política de confiabilidad de la SENER que declaró como inconstitucional", apuntó.
Para que la propuesta de reforma a la Ley de Electricidad provoque un conflicto a nivel TMEC, tiene que validarse su constitucionalidad, de tal manera que estos principios constitucionales vayan en contra de lo que está establecido en el tratado. Si esto pasa, dado que México está comprometido a mantener la apertura actual en los mercados energéticos, automáticamente generaría una controversia que podría acarrear dos mecanismos de resolución de controversia: Empresa-Estado o Estado- Estado si los gobiernos deciden emprender una acción conjunta con sus empresas, explicó Víctor Gómez, economista senior de Finamex Casa de Bolsa.
"Es clave la función de la Corte", dijo durante el panel "Descifrando los desafíos", análisis sobre la Reforma Eléctrica de AMLO, organizado por el IMCO.
El efecto inmediato de la potencial implementación de la reforma no se verá de manera inmediata pero el costo político y económico va aparecer y las consecuencias y medidas de corrección en su momento, serán dolorosas, aunado a las consecuencias del impacto ambiental, detalló.
"El impacto sobre las finanzas públicas será negativo pero la evidencia del deterioro sustantivo no será tangible de forma rápida", advirtió.
La reforma a la ley destruye los incentivos que se crearon para fomentar la creación de energías renovables, desvirtúan el papel del Certificado de Energía Limpia (CEL) y quedan pocos incentivos ya que el nuevo modelo de despacho está diseñado para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comentó Oscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO.
"Esto representa para México abrir un frente contra Estados Unidos por decisiones en dirección contraria en materia de sustentabilidad internacional y también en el TMEC, en donde está sujeto de paneles por el mismo capítulo ambiental si se comprueba una violación sistémica y esta iniciativa es exactamente lo que hace", apuntó.