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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 propone otorgar 481 millones de pesos para implementar la primera fase de la reforma laboral, una cifra que expertos ven con preocupación porque podría resultar insuficiente ante la recepción de nuevos juicios y la creación de una nueva infraestructura.
Para cumplir con lo pactado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Poder Judicial de la Federación (PJF) deberá instalar 20 Tribunales Laborales en coordinación con el Poder Ejecutivo, que deberá instalar Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Para los Tribunales Laborales el Poder Judicial tendrá 375.3 millones de pesos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará con 105.7 millones de pesos a fin de que impulse la creación del CFCRL con autonomía de gestión y presupuestaria, para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. En conjunto, el Poder Judicial y la STPS contarán 481 millones de pesos.
"Este es el presupuesto para la Federación, pero los estados tendrán que crear sus propios tribunales y sus propios centros de conciliación, no está muy claro en este presupuesto que se presenta dónde hay recursos para el nivel estatal. A esto se añaden los costos implícitos por los despidos del personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", advirtió Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).