El sector privado mexicano pide que se revaloren las fechas para la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC, ya que los 90 días para su entrada en funciones a partir de que concluya definitivamente el proceso legislativo interno de todos los socios toma a los tres países en medio del impacto por la pandemia del COVID-19, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
"Esperaríamos que en esas comunicaciones entre la secretaría de Economía, se nos informe a todos, si va a haber una revaloración de los famosos 90 días o será una fecha ya definitoria en que entre en vigor en los 90 días posteriores a que ya se comunicaron entre los tres países", dijo.
La ratificación por parte del parlamento canadiense el pasado 13 de marzo fue positivo y quita incertidumbre al proceso; sin embargo, el periodo normativo indica que una vez que los tres países ratifiquen el nuevo acuerdo comercial, corre un lapso de 90 días para que el T-MEC entre en vigor, y también otro periodo de 90 días para que estén listas las leyes secundarias.
"Este periodo de 90 días nos toma en una condición inédita, pero la ventaja es que los tres países estamos en la misma condición. Yo estoy seguro que en este momento hay comunicación de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos para ver de qué manera vamos a reaccionar a estos tiempos", señaló el líder empresarial en una videoconferencia el viernes en la que advirtió que el tema de la pandemia obliga a que se revalúen los tiempos.
"Nosotros hemos estado mandando comunicados tanto al Poder Judicial, al Tribunal Administrativo del Poder Judicial, al SAT, a todos los organismos, para que revaloremos las fechas de toda la actividad y la normativa, porque no hay duda que esto tiene un impacto sobre las fechas", apuntó.
Respuesta a propuestas
El sector privado espera esta semana, a más tardar el miércoles, una respuesta del gobierno federal sobre las medidas propuestas para mitigar en el corto y mediano plazo el impacto económico que dejará el paso del coronavirus en el país en empresas de todos los sectores.
Entre estas van desde que se vuelva a aplicar la depreciación acelerada de las inversiones; que gobiernos municipales, estatales y el federal paguen a sus proveedores; que se acelere la devolución del IVA, hasta que se deje de lado la meta de alcanzar un superávit primario este año del 0.7 por ciento y esos recursos utilizarlos para apoyar la planta productiva nacional.