Participantes del sector eléctrico han presentado 172 solicitudes de amparo ante el Poder Judicial por acciones del Gobierno Federal en materia energética que frenan las fuentes renovables, de acuerdo con información del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Del total de las solicitudes de amparo, hay ya 150 juicios que se encuentran en proceso.
Las solicitudes de amparo se han presentado con la finalidad de detener las últimas medidas instruidas por la Secretaría de Energía (Sener) que han acusado miembros del sector, inhibe las inversiones privadas y pone un freno a las centrales renovables.
Estas son el cambio en la metodología para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias (CELs); el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limita las pruebas críticas a centrales eólicas y solares; el aumento en las tarifas de transmisión que algunos privados pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la política de confiabilidad presentada por Sener en mayo pasado.
"Todas ellas han sido llevadas a tribunales y en todas se han presentado amparos. Todos en su característica de provisional o ya en su característica de definitiva han sido ganados, lo cual refleja que la opinión de los jueces es bastante amplia respecto a que el diferendo que ha sido promovido por parte del sector privado, tiene una razón que lo soporta, que de alguna manera lo orienta", dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, en videoconferencia.
La política de confiabilidad de Sener es la acción que más solicitudes de amparo reúne, con 72. Entre otras cosas, la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional busca limitar la emisión de permisos a nuevas centrales renovables; modifica el orden de despacho de las plantas por criterios de confiabilidad y no económicos, como se maneja hasta ahora; y busca privilegiar a algunos proyectos de la CFE.