El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó a las autoridades hacendarias un documento en el que plantea ajustes a las reformas fiscales contenidas en la Miscelánea Fiscal 2020 y a la minuta de la reforma para combatir a las 'factureras', ya que considera que se trata de propuestas que generan incertidumbre jurídica, frenan la inversión y dan un 'superpoder' al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin algún contrapeso.
El documento, 'Comentarios sobre las iniciativas de reformas con implicaciones en materia fiscal', del cual tiene copia El Financiero, también reclama que en todas las propuestas fiscales planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay ausencia de reformas que reconozcan a los buenos contribuyentes, "no hay una sola medida tendiente a reconocer el buen historial de cumplimiento de los contribuyentes", afirmó el organismo.
El pasado viernes, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, entregó al titular de Hacienda, Arturo Herrera, el documento con los principales puntos de preocupación que genera para el sector empresarial la Miscelánea Fiscal, a efecto de que pueda ser considerado en la discusión en el Congreso.
De acuerdo con representantes empresariales, el documento será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esta misma semana se prevén dos reuniones de trabajo entre Hacienda y la cúpula empresarial en Palacio Nacional.
"Le entregué formalmente todas nuestras preocupaciones por escrito para que no sea nada más platicadito", comentó Salazar Lomelín.
Tras la reunión con el CCE, el secretario de Hacienda dejó abierta la posibilidad de hacer ajustes a la miscelánea.
"Si encontráramos algún problema de diseño o si a partir de este diálogo (con empresarios) reconociéramos que hay algo que pudiera mejorarse, estamos dispuestos. El asunto no es desincentivar la inversión, sino aseguramos de que hay un piso parejo de que todos cumplen con sus contribuciones y que es hecho de forma equitativa", prometió Herrera.
Preocupaciones fiscales
Los puntos de mayor preocupación para el sector privado son 7: limitación a la deducción de intereses a un monto equivalente al 30 por ciento de la utilidad ajustada de los contribuyentes; el esquema de inversiones para fondos de inversión; la responsabilidad solidaria para administradores y socios; cancelación de sellos digitales; cláusula general anti-abuso; esquemas reportables, y la reforma para combatir a las "factureras".
Sobre las adecuaciones a la Ley del ISR para limitar a 30 por ciento la deducción de intereses sobre la utilidad fiscal ajustada que generen empresas nacionales y grupos de multinacionales, el CCE propone modificar las limitantes, a fin de que se ataquen casos específicos no deseados y no establecer una limitante general.
"No creemos que sea el mejor momento para establecer medidas que limiten la inversión. Limitar la deducción terminará siendo un freno para contribuyentes grandes y medianos, quienes dejarían de ser competitivos debido a su carga fiscal", expone el documento.
Sobre los esquemas reportables, que consisten en que asesores revelen al gobierno los planes fiscales de sus clientes, el CCE apuntó que se prevé la creación de un Comité integrado por el SAT y Hacienda que definiría cuáles esquemas son válidos y cuáles no, "consideramos que de facto lo que está creando es un superpoder que inclusive tendría facultades mayores a la de tribunales federales".
La propuesta, señala, excede el estándar internacional y da un amplio margen de inseguridad a contribuyentes y asesores.
En cuanto a la minuta de reforma contra "factureras", pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados, el CCE consideró que "debiera eliminarse la parte de la iniciativa que pretende incluir en este régimen de excepción a la defraudación fiscal y su equiparable (con delincuencia organizada)", lo que ameritaría prisión preventiva oficiosa. "Creemos que este camino es riesgoso y genera incertidumbre para la inversión", subrayó.
El CCE indicó que es indispensable que se consideren este tipo de modificaciones, como parte de una estrategia para incrementar la percepción de riesgo de los constribuyentes en temas de evasión, y con ello poder elevar la recaudación, contra un ambiente de incertidumbre que podría frenar la inversión y con ello el crecimiento económico.