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Un juzgado especializado en competencia suspendió este jueves de manera definitiva las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Secretaría de Energía (Sener) y el último acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que atentan en contra de las energías renovables.
El juez Rodrigo de la Peza, del primer Juzgado especializado en Materia económica y telecomunicaciones, otorgó la medida a la Asociación Civil Defensa Colectiva.
"Es general, en este momento se suspende la política para todos los afectados y para todos los mexicanos, porque es un amparo de interés legítimo. Como es una asociación civil que atiende a temas más ambientales y acreditamos el daño irreparable para México, pues el juez estimó emitir la suspensión definitiva", explicó a El Financiero Miriam Grunstein, una de las abogadas al frente de la solicitud de amparo.
Este es el segundo paso del proceso antes de la determinación de amparo, que, de acuerdo con Grunstein, podría definirse en los próximos dos o tres meses.
Los argumentos bajo los cuales la Defensa Colectiva presentó la solicitud de amparo fueron daños al medio ambiente, a la competencia y a la seguridad energética. "Un hecho notorio es que los hidrocarburos son más contaminantes que las energías renovables y estamos en una crisis de enfermedades respiratorias, entonces también repugna a la razón que en el contexto de una crisis de enfermedades respiratorias, insistan en una una política en hidrocarburos", dice vía telefónica.
El acuerdo de Cenace, publicado en abril pasado, suspende de manera indefinida las pruebas críticas necesarias para que las plantas de generación intermitentes -eólicas y solares- entren en operación, bajo el argumento de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.
En tanto, la política de confiabilidad fue publicada en 'fast track' por Sener el 15 de mayo sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer). Con esta, la dependencia dirigida por Rocío Nahle busca ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y limitar los permisos para plantas eólicas y solares.
Ambas medidas han desatado una serie de más de 40 amparos en contra de Sener y Cenace. Hasta ahora, los jueces en competencia que llevan los casos han accedido en su mayoría a la petición de los privados y organismos ambientalistas, como Greenpeace.
Estos dos acuerdos son parte de una serie de medidas que han sido impulsadas desde el gobierno federal para modificar los lineamientos para la participación de los privados en el mercado eléctrico, como lo ha sido el cambio de lineamientos para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CEL) de octubre pasado y el aumento de entre 400 y 800 por ciento a la tarifas de transmisión para las compañías con un contrato de autoabasto que date de antes de la reforma de 2013 aprobado por la Comisión Reguladora de Energía hace unos días.