Litigios de inversionistas extranjeros contra reforma eléctrica alcanzarán los 70 mil mdd: Concamin

Las acciones legales iniciadas por inversores extranjeros contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica alcanzarán los 70 mil millones de dólares, estimó Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Esto, en una primera cuantificación de los costos para México por los arbitrajes solicitados por inversionistas extranjeros protegidos por los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversión (APRIs), incluidos en los acuerdos comerciales del El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del Acuerdo Progresivo de Integración Transpacífico (CPTPP).

"Se estima que las inversiones que pudieran calificar en esos acuerdos (APRIs) son del orden de 40 mil millones de dólares y la experiencia de estos arbitrajes es que le ordenan al gobierno pagar lo que dejan de recibir bajo el cambio de reglas. Normalmente las sentencias de estos casos de arbitraje son alrededor de un 80 por ciento más de lo que se invirtió, por lo que si se invirtieron 40 mil millones de dólares, probablemente las sentencias de los casos de arbitraje serían del orden de los 70 mil millones de dólares", expuso el experto.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica este miércoles, ya varias empresas preparan solicitudes formales de arbitraje bajo la protección de los APRIs, explicó el especialista en una mesa de reflexión sobre el impacto de la nueva ley de la Industria Eléctrica, organizada por la Revista Industria de la Concamin.

Las acciones legales esperadas a través de los tratados comerciales que tiene firmados México, se dividen en dos partes, aquellos que hagan los inversionistas que tienen protección ante cambios en las reglas del juego, se les deben compensar los daños, no se tiene que echar atrás a la reforma, sino que se le compensa al inversionista por la pérdida.

"Esos 40 mil millones iniciales más el adicional de afectaciones son equivalentes hasta el 6 y 7 por ciento del PIB y evidentemente las finanzas públicas difícilmente podrían enfrentar una situación de esa magnitud", comentó José Luis de la Cruz, director de IDIC.

Las denuncias sobre los tratados firmados por México las tiene que hacer el gobierno si decide apoyar a un sector en particular y se da un periodo de seis meses para tener pláticas y llegar a un arreglo; en ese periodo se designan mesas con tres árbitros que analicen la situación y den un fallo. Uno lo designa México, otro el país que demande a México y el tercero lo designan en conjunto y después habría un periodo de hasta 12 meses para llegar a un acuerdo.

En el caso de los inversionistas, si ellos recurren a los APRIs, tienen que hacer una solicitud de arbitraje y después hacer el arbitraje formal, son procesos que duran en promedio un par de años.

Por lo que respecta a las empresas nacionales, las acciones legales deberán presentarlas las empresas afectadas directamente, tienen 30 días naturales para interponer amparos. Las compañías tienen la confianza de que saldrán victoriosas en estos litigios, una vez que prácticamente sus quejas se refieren a lo que la Corte ya rechazó por inconstitucional en la controversia presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre la política energética del gobierno federal, dijo el presidente de la Comisión de Energía de la Concamin.

"Con estas modificaciones, lo que se hizo fue poner en la ley muchas de las cosas que fueron rechazadas por la Corte y los agravios que se van a presentar en el 80 o 90 por ciento los van a tomar de los casos en donde los jueces ya les dieron la razón a los consumidores a través de la controversia de la Cofece", explicó.

Si bien anticipan se podrán detener parte de los efectos de esta ley por los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "la afectación a la confianza es enorme porque nadie va a querer invertir y la CFE no tiene recursos para hacerlo. La pérdida de confianza va a tener un efecto muy grande en la generación de empleo", apuntó.