El endurecimiento de las medidas contra el uso de facturas apócrifas eliminará la práctica y aumentará al menos en una tercera parte la recaudación de impuestos para la Hacienda pública, según cálculos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
"Creemos que va a inhibir definitivamente esta práctica indebida, creemos que prácticamente la eliminaría", dijo Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Fiscal Nacional del organismo empresarial, y estimó que, de acuerdo con las cifras que se han manejado con el Gobierno federal, se podría regresar a generar una recaudación en impuestos "que pudiera ser casi una tercera parte más de la que actualmente se recibe".
El Pleno del Senado avaló aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí solo o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Se establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, y se toma en cuenta este último como un delito similar al contrabando y su equiparable. También será delito "la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados".
Coparmex prevé las mismas sanciones al que permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
"Con la inclusión de estos nuevos delitos a partir del 2020, muy seguramente esta práctica podría de manera generalizada ya no estar ocurriendo porque las empresas estarán advertidas que, si utilizan un comprobante de esta naturaleza, muy seguramente lo llevaría en el camino de que pueda considerarse potencialmente un peligro de cárcel si el monto rebasa las tres veces el 2.6 millones de pesos", dijo el fiscalista de la Coparmex en llamada telefónica.
En la modificación que se hace a la propuesta, se estableció que solo que el monto supere los 7.8 millones de pesos podría considerarse como un delito en estas consideraciones, y sería en el primer año, después de la declaración anual en marzo –abril de 2021, cuando se podrían ver los resultados del incremento de la recaudación de impuestos y el menor uso de facturas falsas.
Del 2014 al 2019, el SAT identificó 9 mil millones de facturas falsas por un monto de transacciones de 1.6 billones de pesos.