La crisis económica y de salud causada por el COVID-19 hace impostergable una reforma fiscal integral, no obstante, para lograrla se necesita un gran acuerdo político en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador muestre su lado estadista con una visión intergeneracional, sostuvo Carlos Urzúa, académico del Tecnológico de Monterrey y exsecretario de Hacienda.
Durante el foro virtual "Desigualdad, Bienestar y Fiscalidad después del COVID-19", organizado por la fundación Friedrich Ebert, Oxfam, Tec de Monterrey, Fundar y Open Society Foundations, Urzúa y expertos en temas fiscales coincidieron en que el acuerdo político nacional es necesario porque una reforma fiscal deberá tocar aspectos como pensiones, progresividad fiscal, federalismo y Pemex.
No obstante, los expertos previeron que probablemente el pacto nacional ocurrirá después de las elecciones intermedias de 2021, ya que los gobiernos, desde el federal hasta los estatales y municipales, no querrán asumir costos políticos antes de los comicios.
Urzúa dijo que cuando el presidente de la República era candidato dijo que en su gobierno no habría aumento o cambio en la estructura de impuestos, pero cuando inició la administración abrió la puerta para que se pudiera contemplar en la segunda mitad del sexenio una posible reforma.
"Yo creo que él (López Obrador) está muy consciente de la importancia fiscal que se tiene en dos vías, la fiscal y la reforma de pensiones. Si una reforma de pensiones en cierta medida está siendo de alguna forma más progresivo el gasto público, de alguna forma se está haciendo una reforma fiscal.
"Pienso que más tarde que nunca se tendrá que tocar eso (reformas) porque la gran mayoría de los gobernadores ya tienen el agua en el cuello, no tienen ya dinero, entonces, creo que debe haber una gran reforma en todos sentidos, y que debe haber una especie de un gran acuerdo político en donde, espero, el presidente de la República muestre su lado de estadista, espero que lo tenga, ciertamente hasta el momento no lo ha mostrado, un estadista al final del día es aquel que piensa en términos intergeneracionales", afirmó Urzúa.
En tanto, Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, consideró que los gobiernos no quieren asumir el costo político de reforma fiscal a pesar de que hay formas desde los estados para aumentar la recaudación, una forma es cambiar las fórmulas de las transferencias y premiar a las entidades que sean eficientes en la recaudación.
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que la crisis de COVID-19 vino a desnudar la fragilidad fiscal del país en muchos sentidos, por lo que es necesaria una reforma fiscal integral que comience preguntándose en qué se debe gastar y en que no habrá recursos para todos.
"Hay estados que están tronando y tenemos un Pemex que es el tema del que nadie quiere hablar. Tendremos que meternos a reformas y a muchos puntos que son bien incomodos y políticamente incorrectos. El país tiene 2 mil 500 municipios y hay muchos inviables desde el punto de vista fiscal. Se vienen dilemas", expresó.
Viridiana Ríos, analista política y académica en Harvard, consideró que la pandemia del coronavirus "debe servir para reestructurar las relaciones de poder y se requiere una agenda que vaya en contra de poderes fácticos, pero también se requiere gastar más y mejor".
Carlos Brito, regidor independiente del ayuntamiento de Jojutla, Oaxaca, apuntó que "tenemos cada vez un gasto más centralizado, el federalismo sobre el que se monta el sistema de salud es una ficción (además) no hay suficientes incentivos para enfrentar los costos financieros y políticos para el cobro del predial desde la perspectiva municipal".