El Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo preliminar con cuatro firmas privadas del sector energético para resolver el conflicto sobre los contratos de gasoductos que transportan gas natural, informó el domingo The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas al tema.
Este pacto, que según el diario se dará a conocer el martes, estipula que México pagará durante los próximos 10 años tarifas más altas para enviar gas a través de las tuberías. No obstante, tendrá un ahorro nominal de aproximadamente 600 millones de dólares, según un análisis.
Grupo Carso, Fermaca, IEnova y TransCanada están dentro del acuerdo. En conjunto, estas firmas contrataron con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la realización de más de 3 mil 300 kilómetros de gasoductos para transportar gas de Estados Unidos al territorio mexicano.
Si se aprueba, señaló el WSJ, daría 'luz verde' a la operación del gasoducto marino Texas-Tuxpan, cuya construcción concluyó en junio. Este proyecto terminó con ocho meses de retraso y, tras la querella, no arrancó sus operaciones.
Este mes, Carlos Slim, quien forma parte de los interesados, propuso la solución al conflicto al presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó el periódico citando fuentes cercanas al tema, quienes puntualizaron que el documento preliminar aún corre peligro de no ser aprobado.
Tanto los empresarios como el Gobierno mexicano sostendrán una reunión este lunes.
Los contratos originales de los gasoductos requerían que el Gobierno pagara tarifas que aumentaran cada año durante 25 años. No obstante, en la solución que propuso Slim, esas tarifas se 'nivelarían' o restablecerían a su promedio a lo largo de la duración de los contratos para que, posteriormente, luego se descontarían entre 5 y 10 por ciento por gasoducto.
Eso significa que para la primera mitad de la duración del contrato, las tarifas serían más altas que en el pacto anterior. Los contratos también se extenderían por cinco años, según el análisis del documento.
Los términos del pacto exponen que, pese a que el gobierno ahorraría 600 millones de dólares en términos nominales, los pagos iniciales más altos hacen que el acuerdo sea potencialmente peor para el Gobierno mexicano a largo plazo, puntualizó la publicación.
¿Hacer o no negocios en México?
La disputa sobre gasoductos, la cual ha durado durante meses, ha aumentado la incertidumbre sobre si se deben o no hacer negocios en territorio mexicano.
Respecto al tema, se encuentran bajo discusión los cambios propuestos a los contratos firmados para siete líneas, en su mayoría construidas para satisfacer la creciente demanda de gas en el país.
La administración del actual mandatario quiere eliminar las disposiciones que obligan al Gobierno federal a pagar el gas, además de pedir miles de millones en reembolsos y daños.
Las empresas —entre ellas Grupo Carso, de Slim, la unidad en México de Sempra Energy, TC Energy de Canadá y Fermaca— exigen que los contratos permanezcan sin cambios.
El conflicto se da tras la abrupta cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco de 13 mil millones el año pasado, y llega en un momento en que el país necesita inversiones adicionales para apuntalar la infraestructura nacional.
El enfrentamiento ha provocado la preocupación de grupos que van desde empresarios locales hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la embajada de Canadá en México. Incluso formuladores de políticas del Banco Central han dicho que están preocupados.
Los gasoductos son una salida importante para una gran cantidad de gas producido en EU. A ello se suma que México necesita las importaciones de combustibles fósiles para generar energía para hogares y fábricas, ya que sus antiguos campos no producen lo suficiente para satisfacer la demanda.
Las importaciones del país de gas estadounidense a través de gasoductos se ha más que cuadruplicado desde finales de 2013, a más de 5 mil millones de pies cúbicos por día, según datos recopilados por Bloomberg.
Con información de Bloomberg*