Además de elevar los ingresos tributarios, la propuesta de reforma fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) busca promover la inversión privada y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, señaló su presidente Gustavo de Hoyos Walther.
Ante las diversas reacciones al planteamiento de una nueva reforma fiscal que hizo la Coparmex el 2 de agosto pasado, en la que presentó 10 iniciativas -entre ellas, bajar la tasa de intereses mexicana a lo que estipula la OCDE-, el líder patronal explicó en su comentario semanal que su interés no es disminuir los ingresos tributarios del gobierno.
Por el contrario, plantea ampliar la base de contribuyentes y propiciar la formalidad, lo que aumentaría los recursos tributarios del gobierno. Pero, además, incluye temas para promover la inversión y el crecimiento económico del país.
En sus primeras impresiones sobre la propuesta, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que no era el momento de poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, lo que apoyó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El presidente de Coparmex reconoció que las modificaciones al sistema en 2014 han dado resultados positivos en la recaudación pero "no podemos reducir la importancia de un sistema hacendario sólo a la recaudación", y comentó que justo ahora es el momento adecuado para debatir, pues la víspera del proceso electoral de 2018 provocará la discusión de su alcance.
Gustavo de Hoyos dijo que una parte fundamental de su propuesta es crear un Comité de Mejores Prácticas, con el fin de revisar las disposiciones fiscales de México, para promover la simplificación del sistema recaudatorio y reducir con ello la evasión.
"Ponemos en la mesa nuestra propuesta, para que se analice, se debata y se mejore donde esto sea posible. Abarca temas fundamentales para dar certidumbre jurídica a los contribuyentes, para hacer de la simplificación fiscal un proceso de mejora continua", explicó.
Reiteró su llamado a los organismos de la sociedad, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para realizar un análisis profundo de las medidas puestas a consideración, a debatirlas y enriquecerlas.
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