:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/UFBQ2HFMZWD6UYEWRNHN24KCAM.jpg)
El mal manejo de datos personales y arriesgar el derecho a la intimidad de los contribuyentes son algunas de las amenazas que se podrían tener en caso de una auditoría del Sistema de Administración Tributaria (SAT), gracias a los cambios propuestos por la Secretaría de Hacienda en su Miscelánea Fiscal 2021, en donde también se busca dar consecuencias penales a faltas que hasta ahora sólo son administrativas.
En el Paquete Económico 2020 propuesto por el gobierno y que los legisladores analizarán para su aprobación, se plantean cambios al Código Fiscal en donde se endurecen las medidas de revisión en caso de auditorías y las consecuencias en el caso de la que se conoce como Regla Antiabuso en su artículo 5-A al código fiscal de la federación.
Vinculado a la protección de datos personales, se incorpora una propuesta sobre la utilización de medios electrónicos o herramientas tecnológicas para verificar los activos y lo que tienen los contribuyentes en una auditoría.
"Si un auditor llega, no lo dice la disposición y es parte de lo que nos cuestionamos, podría llegar con una cámara a grabar o tomar fotos y no se especifica si es con una cámara institucional, si es con su celular", dijo Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La reforma propuesta argumenta entre los motivos que esa medida servirá para asentar los datos de los activos y los bienes que tiene el contribuyente. En teoría esto sería parte de las facultades de revisión de las auditorías del SAT.
"Tampoco lo especifica la disposición y es algo que nos preocupa, no solo por el manejo de la información, que se dice será conforme al secreto fiscal, pero no se establecen esos protocolos sobre lo que se puede hacer y se podría llegar al extremo de tener una violación al derecho a la intimidad del contribuyente", advirtió el especialista.
Otra preocupación para el contribuyente, son los cambios al artículo 5-A del Código Fiscal en la Cláusula Antiabuso. A este artículo emitido el año pasado y vigente a partir de enero de 2020, se le pretende agregar consecuencias penales, cuando hoy son sólo administrativas.
"Si una persona celebra un contrato de arrendamiento y la autoridad fiscal decide reclasificar como una compraventa, esto derivará en consecuencias penales. Esta propuesta ya se había rechazado el año pasado, porque se presta a muchos abusos, y ahora se vuelve a insistir en ella", destacó el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex.