La propuesta de los tomateros estadounidenses y del Departamento de Comercio de revisar el 100 por ciento de las exportaciones terrestres de tomates mexicanos, como parte de la renegociación del acuerdo de suspensión de la hortaliza, violaría los derechos contractuales de los compradores y vendedores de tomates mexicanos del país vecino, aseguraron Martha McSally y Krysten Sinema, senadoras estadounidenses.
"El acuerdo propuesto infringiría los estatutos y derechos contractuales de los compradores y vendedores estadounidenses de tomates mexicanos. Esta provisión crearía una campo de juego aún más injusto para las ventas domésticas de tomates importados y haría extremadamente difícil para los importadores de tomates mexicanos de EU competir con otro vendedores", indicaron las senadoras en una misiva enviada al secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross.
Además, agregan las senadoras por el estado de Arizona, los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que las revisiones de las exportaciones de tomates propuestas no tienen legitimidad alguna.
"No hay propósito comercial legítimo para inspeccionar el 100 por ciento de las importaciones de tomate mexicano. En lugar de esto, las inspecciones sólo crearán una barrera artificial al comercio", indican.
Asimismo, apuntan en la misiva, la implementación de la iniciativa de revisiones propuesta le costaría al Gobierno estadounidense alrededor de 270 millones de dólares.
"Y no sólo las inspecciones añadirían 270 millones de costos, pero el Gobierno mexicano muy probablemente impondrá inspecciones recíprocas a las exportaciones de EU, algo que lastimaría a los trabajos en Arizona", agregan.
Con base en lo previamente mencionado, las funcionarias urgieron al Departamento de Comercio contemplar los datos antes mencionados a la hora de negociar el nuevo acuerdo de suspensión de tomate.