Reforma eléctrica fue una decisión política, sin criterios técnicos ni económicos: CCE

La ley aprobada de la industria eléctrica fue una decisión política sin racionalidad económica y se demuestra porque no tiene ni un solo aspecto positivo, sus daños son multidimensionales y muy elevados para México, aunque no sean reflejados de manera inmediata, concluyeron expertos en el foro 'Electricidad para el futuro' organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Esta reforma va a dañar la competencia, la certeza, certidumbre para invertir; no se va a saber quién determina el precio, es una ley que va a dañar las finanzas públicas. Obviamente va a desincentivar la nueva inversión. Si las energías limpias quedan al final del despacho, es muy probable que muchas de estas truenen, obviamente va a ser nocivo para el medio ambiente y es nocivo para nosotros en el aire que respiramos", dijo Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al considerarla una decisión política, "no hay un ángulo positivo de esta reforma, es una posición meramente política y hay que entenderla como tal". Destacó una repercusión en el menor crecimiento económico aparejado de menor empleo.

"Hay que pensar que el impacto no será inmediato, al igual que el impacto en precios, será en el mediano y largo plazo, y el problema es que nos vamos ir acostumbrando al daño, a las malas cifras. Dado que en México el mercado laboral es dual, y como no hay un sistema de seguridad social para los desempleados, la gente no tiene opción y se tiene que emplear, por eso hay que enfocarse en la informalidad y la precarización laboral", explicó en su participación.

Se trata de un nacional en un bien que es un bien industrial que todos necesitamos para la vida diaria. Y este discurso nacionalista sobre un bien, no se parece al petróleo porque no genera renta, la generación es una actividad que por definición es competido, explicó Montserrat Ramiro, excomisionada de regulación energética.

Por su parte, Francisco Salazar, socio de la consultora Enix, expuso que "es una decisión que no tiene racionalidad económica y vamos a pagar todos", incluyendo el valor que se va a destruir en inversiones que ya se habían hecho, sobre todo en energías limpias.

Frena energías renovables

Muchas de las empresas eólicas y solares irán a la quiebra, se verán afectadas las comunidades indígenas en donde invirtieron con sentido social y muchos jóvenes incentivados para estudiar en las áreas vinculadas a las energías renovables, no tendrán oportunidades laborales, dijo Lourdes Melgar, especialista en el sector y exsubsecretaria de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

"Estas plantas eólicas y solares van a estar despachando cuando la demanda de electricidad suba entre las 6 de la tarde y 11 de la noche, van estar despachando cuando el sol no brilla y el viento necesariamente no sopla. Y es muy posible que con este nuevo orden de despacho, muchas de las plantas que se establecieron en México y aquellas mexicanas que también entraron a este mercado, van a ir a la quiebra con un impacto muy serio a nivel local de las comunidades indígenas de Oaxaca, Tamaulipas o Yucatán", explicó en su participación en el foro.

"Vamos a ver un impacto social lastimoso, ni CFE, ni Pemex han sido los mejores en cómo actúan con las comunidades regionales, muchas se han quedado esperando los pagos que nunca recibieron", apuntó.

No hubo criterios técnicos ni económicos: CCE

No fueron los criterios técnicos los que motivaron los cambios a la ley de la industria eléctrica. Ni los criterios económicos los soportan, y lo que es claro es que representa un incremento en 60 mil millones de pesos anuales que alguien deberá pagar, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, al clausurar los dos días de trabajo del foro 'Electricidad para el futuro', del que saldrá un listado de conclusiones a presentarse la próxima semana.

"Con esta iniciativa, nuestro comentario y nuestra crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado; segundo, que los criterios económicos no han sido el soporte tampoco de esta iniciativa; tercero, que los costos son clarísimos, esos 60 mil millones de pesos adicionales alguien los tendrá que pagar, o serán los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios", señaló.

Por dos días, 34 especialistas del sector energético, economistas, financieros, legisladores y abogados, discutieron los efectos de la ley de la industria eléctrica a través de cuatro mesas que organizó el CCE y la próxima semana dará a conocer las conclusiones.

"El lunes o martes convocaremos a una rueda de prensa acompañados por las 12 organizaciones empresariales para dar a conocer las conclusiones a las que se llegó en este foro", adelantó el líder empresarial.

La discusión a profundidad sobre los cambios que traerá la nueva ley nació de la falta de oportunidad que tuvo el sector privado y, en general, todos los actores de la sociedad de exponer sus argumentos en un debate mediante el parlamento abierto, ya que los legisladores no lo consideraron necesario.

"Creemos que como práctica legislativa, la Legislatura es un parlamento y debió haber permitido que todos expusiéramos nuestros puntos de vista. Y que verdaderamente la representatividad del poder legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política, pudiese estar representada en esta posibilidad de argumentar siempre en beneficio de México, de la mejor política pública y en beneficio de todos", apuntó.

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