La calidad en contrataciones de trabajadores con prestaciones se verá afectada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual avala que es constitucional el límite a las deducciones personales para las prestaciones sociales que las empresas o personas morales brindan a sus trabajadores, de acuerdo con la Coparmex.
La resolución de la SCJN (avalada el miércoles) rechazó los amparos que desde 2014 diversas empresas interpusieron para evitar los límites impuestos con la Reforma Hacendaria a la deducción de prestaciones laborales, como vales de despensa, comida, ropa, becas y ahorro para el retiro, informó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
"Los empresarios de la Coparmex estamos en desacuerdo con esta resolución de los ministros dan, en la cual avala que no sean deducibles al 100 por ciento las erogaciones que llevan a cabo las empresas en favor de sus trabajadores", expresó el empresario.
De acuerdo con la Reforma Hacendaria, los empleadores ya sólo pueden deducir entre 47 y 53 por ciento, en vez del 100 por ciento que se tenía hasta antes del 2014.
Por esto fue que a partir del mes de febrero de 2014 se interpusieron cerca de siete mil amparos de diversos contribuyentes.
En conferencia de prensa, afirmó que será respetuosos de las decisiones de las instituciones del estado de derecho, sin embargo "hacemos un llamado urgente a los legisladores para que en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos, se aprueben cambios de fondo que reconozcan la deducción plena de toda prestación legítima".
En el mismo sentido, agregó que las modificaciones al Impuesto sobre la Renta (ISR) que entraron en vigor en 2014 significaron para los empleadores que soportan el trabajo formal del país un aumento de entre el cinco y ocho por ciento del costo de las nóminas.
Algunas de estas prestaciones se otorgan incluso por mandato de ley y no por voluntad de las empresas, como es el caso del aguinaldo.
"Nos preocupa mucho que esta limitación va a afectar la calidad de vida de los trabajadores, ya que disminuye la posibilidad de otorgar prestaciones adicionales a las que están puestas en la ley", puntualizó.
Afirmó que con estas acciones se obliga a las empresas a disminuir las prestaciones o francamente a no ofrecerlas a nuevos trabajadores para compensar los efectos nocivos económicos que conlleva ese tope a la deducción.
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