Economía

Secretaría del Trabajo ‘sale a la caza’ de prácticas de subcontratación ilegal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inició las inspecciones para detectar malas prácticas en este esquema y comenzó el intercambio de información con Hacienda para detectar casos que conjugan outsourcing “malo” con facturación falsa.

Pronto habrá resultados en cuanto al combate a la subcontratación ilegal, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició las inspecciones para detectar malas prácticas en el uso de estos esquemas y comenzó el intercambio de información con Hacienda para detectar casos que conjugan outsourcing "malo" con facturación falsa, estimó Luisa María Alcalde, titular de la dependencia.

"Es probable que daremos información más adelante, pero lo cierto es que se iniciaron inspecciones en materia de subcontratación y encontramos esquemas de simulación, incluso de subcontratación y de informalidad en los propios centros de trabajo", anticipó la funcionaria.

En entrevista con El Financiero, dijo que la STPS ya inició las inspecciones para identificar casos en que se usa el outsourcing para incumplir obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, toda vez que el objetivo es que la información que encuentre la dependencia se intercambie con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

Alcalde Luján indicó que en los últimos años se ha venido extendiendo la subcontratación ilegal que ha acabado siendo una evasión de responsabilidades fiscales, "estos esquemas están a veces combinados con facturación falsa, hay presencia de mucha simulación".

Presupuesto garantizado

La titular de la STPS aseguró que está garantizado el presupuesto para que arranque la primera etapa de la reforma laboral, la cual comenzará en 10 estados del país el 1 de octubre de 2020, por lo que no hay ningún riesgo para la implementación ni tampoco para que nuestro país ratifique el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Afirmó que en total hay recursos por más de mil millones de pesos para que en esa decena de entidades se instalen los tribunales laborales federales y locales (629 millones de pesos), así como el Centro Federal de Conciliación y Registros (105 millones de pesos), y los centros locales de conciliación y registros (272 millones de pesos).

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