El Pleno del Senado aprobó la reforma en materia de libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva que da cumplimiento a los compromisos adquiridos por México en el T-MEC; sin embargo, la Iniciativa Privada rechazó los términos en que fue avalada, al considerar que fue impuesta por Estados Unidos, desincentiva las inversiones y crea incertidumbre para las empresas.
Los senadores aprobaron en lo general con 120 votos a favor y en lo particular con 70 votos a favor, una reforma laboral que llegó dos años después de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de justicia laboral en febrero de 2017 y cuatro meses tarde al considerar que el T-MEC emplazó a México a aprobar leyes secundarias antes de que concluyera 2018.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, rechazó la reforma laboral porque dijo que se trata de una norma impuesta desde Washington, que además desincentiva las inversiones y crea incertidumbre a las empresas en cuanto al futuro de las relaciones obrero-patronales.
Este paso es considerado por los demócratas en el Congreso de Estados Unidos como un requisito previo para aprobar el renovado acuerdo comercial.
El dirigente patronal calificó como "imperfecta" la reforma y como un factor de pérdida de competitividad de México frente a sus socios en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
"En un momento en que un país requiere crecer y en el que el presidente nos ha convocado a que haya más inversiones para tener un crecimiento promedio de 4 por ciento a lo largo del sexenio, esta norma para nada es un incentivo de que se den estos niveles de inversión", sostuvo.
Tomás Natividad, presidente de la Comisión Laboral del CCE, señaló que hay aspectos preocupantes en la reforma laboral que no están comprometidos en el T-MEC y que buscarán corregir más adelante porque, de no hacerlo, pueden hacer daño a la industria.
Por ejemplo, uno de los pendientes que habrá de retomar el sector patronal es garantizar la libertad de no sindicalización.
"No se respetó el ejercicio de la libertad sindical, el sindicalismo tiene tres vertientes: ser sindicalizado, dejar de ser sindicalizado o permanecer libre de sindicación, esto debió estar contemplado en la reforma y no quedó", criticó Natividad.
En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aplaudió la aprobación de la reforma laboral en el pleno senatorial y resaltó que fue "una votación histórica".
El presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, se comprometió a que en un periodo extraordinario o en el siguiente lapso ordinario de sesiones, se atenderán las peticiones del sector patronal, a lo que el senador del PRI y líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, le pidió "firmar en papel" esos compromisos.
Gómez Urrutia dijo que la reforma laboral coadyuvará con el objetivo de alcanzar los parámetros óptimos y de justicia entre trabajadores y patrones, y cumplirá con la reforma constitucional en materia de justicia laboral que entró en vigor en febrero de 2017.
Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo giran alrededor de elegir a líderes sindicales mediante el voto personal, libre, directo y secreto, e instaurar mecanismos para garantizar que los trabajadores sean realmente representados por los sindicatos, lo que frenaría los sindicatos "blancos" o de protección patronal.
Asimismo, crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje.
Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo
De acuerdo con Gerardina González, directora de la Oficina de la OIT para México y Cuba, los cambios que se propusieron desde la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo (LFT) van en línea con el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a garantizar y promover libertad de asociación sindical y la negociación colectiva.
Justamente, uno de los puntos centrales de la reforma laboral son los sindicatos y huelgas. Por ejemplo, el nuevo proyecto de ley finaliza las juntas tripartitas y las reemplaza con un instituto independiente para registrar sindicatos y manejar disputas menores. También crea tribunales laborales para resolver disputas legales.
Además, la reforma laboral apuesta a que los juicios individuales no duren más de 45 días naturales, lo que representaría una reducción sustancial desde los tres o hasta cinco años que tardan las juntas de conciliación y arbitraje en resolver esas demandas.
Con información de Nacha Cattan, Zenyazen Flores y Eduardo Ortega.