CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el momento en que se suspendió la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, –debido a una restricción presupuestal– se podía anticipar una afectación en las perspectivas positivas que se tenían sobre la calificación de la entidad, dijo Francisco Urióstegui, analista de Moody's Investors Service, en entrevista con EL FINANCIERO.
De ahí que desde el pasado 24 de julio, Moody's cambió la perspectiva de la calificación del estado de Hidalgo, de positiva a estable.
Dijo que detener el desarrollo del proyecto como tal, afecta la perspectiva del PIB a largo plazo que se tenía sobre la entidad, pues la refinería iba a generar un crecimiento que se preveía con un desempeño muy positivo en el futuro.
Como una segunda consecuencia de la suspensión del proyecto, refirió el impacto en las finanzas, ya que la refinería iba a generar empleos que a su vez originarían una mayor recaudación vía Impuesto sobre Nóminas (ISN), por los 40 mil empleos que se generarían durante su construcción.
Además, estos niveles de recaudación iban a afectar positivamente para recibir participaciones federales.
"Considerando todos los avances que se obtendrían con la refinería, donde estábamos viendo que en un futuro cercano probablemente se iba a desencadenar un momento importante de inversiones, habíamos asignado una perspectiva positiva a la calificación".
Urióstegui señaló que inicialmente se contrató un crédito por medio del Instituto para el Financiamiento del estado de Hidalgo, cuyo saldo al cierre del 2013 era de mil 447 millones de pesos, que esa es la deuda por la refinería y puntualizó que también se contrató un financiamiento adicional por 636 millones para reactivar toda la zona cercana a Ciudad Sahagún.
Según información de SHCP, en febrero de 2012, el gobierno de Hidalgo, pidió un préstamo a Banorte por mil 471 millones de pesos a plazo de 180 meses para pagar los terrenos en los que hoy debería asentarse la refinería y que sólo ha amortizado 31 millones de pesos.
Ese crédito representaba hasta junio de 2014 más del 35 por ciento del total del saldo de la deuda de la administración local.