Luego de que el Senado ratificó la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de teletrabajo, y que antes había avalado la Cámara de Diputados, expertos coincidieron en que la nueva obligación para que los patrones asuman costos derivados del home office está alejada de la realidad y debió ser complementada con incentivos fiscales.
Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), señaló que, si bien cubrir o fijar los montos de esos gastos puede ser viable para algunos patrones y/o trabajadores, no es así para pequeños o microempresarios, además, se debieron considerar incentivos fiscales.
"Quizá hubiera podido preverse, por ejemplo, que patrón y trabajador fijarán de común acuerdo conforme a las circunstancias de ambos, la forma y monto de estos apoyos para pago de servicios en el domicilio. Considerar una solución genérica puede convertirse en un desincentivo perverso para esta modalidad", sostuvo el experto en temas laborales.
Rafael Avante, director general de Consultoría Avante, indicó que la reforma es un esfuerzo bien intencionado, pero de difícil concreción en la práctica, ya que en los hechos se enfrentarán casos de 'teletrabajo informal' donde las partes pactarán en términos distintos a los legales y no reconocerán formalmente dicha modalidad.
"Las condiciones en que se realizará el teletrabajo debieran ser acordadas por ambas partes atendiendo a las particularidades de cada caso, en ese sentido, estimo un error querer darles un tratamiento generalizado desde la ley porque se vuelve poco práctico y alejado de la realidad", sostuvo.
En el nuevo capítulo de la LFT en materia de teletrabajo se ordena a los patrones a proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, así como asumir los costos de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.