El presidente Andrés Manuel López Obrador acumula 48 quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por no respetar la ley desde que inició el año electoral; es decir, desde septiembre de 2023 y hasta el corte de ayer martes, de acuerdo con un conteo de la Comisión de Quejas y Denuncias, del cual tiene copia El Financiero.
Las acusaciones contra el Presidente comprenden, en su mayoría, violaciones al artículo 134 constitucional, el cual establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de aplicar los recursos económicos, en todo momento, con imparcialidad y sin influir en las contiendas de los partidos políticos.
Además, el artículo establece que la propaganda gubernamental debe tener fines institucionales, educativos e informativos, y no se deben caer en propaganda personalizada.
El acumulado de denuncias también comprende actos anticipados de campaña y la de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, hoy candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD).
De las 48 quejas, 11 se han resuelto, 18 se han desechado y el resto se encuentra en trámite.
La mayoría de las denuncias las han emitido el PAN y el PRD, y resalta que sólo existe una del PRI, relativa a expresiones del mandatario en un acto público en el Estado de México, otrora bastión del tricolor.
PAN y PRD sumaron la última denuncia contra el mandatario, pues acusaron que al expresar, en su conferencia del lunes, que se va a resolver el problema de escasez de agua en la alcaldía Iztapalapa, estaba entrometiéndose en la elección a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
López Obrador no es la única persona denunciada de la Presidencia, pues las quejas se extienden, en algunos casos, a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero presidencial, así como al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).
Por actividades conjuntas en los estados de la República, algunos gobernadores también son incluidos en las denuncias, como son los casos de Cuauhtémoc Blanco, Martí Batres, Salomón Jara, Marina del Pilar Ávila, Víctor Manuel Castro, Sergio Salomón Céspedes y María Elena Lezama, mandatarios en Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Puebla y Quintana Roo, respectivamente.
Asimismo, se incluyen a David Monreal, Layda Sansores, Ricardo Gallardo, Lorena Cuéllar, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo, Carlos Merino, Rubén Rocha Moya e Indira Vizcaíno, gobernadores en Zacatecas, Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala, Michoacán, Sonora, Tabasco, Sinaloa y Colima, respectivamente.
Las quejas resueltas han derivado en la eliminación, de manera total o parcial, de más de una decena de conferencias matutinas del Presidente.
Sin embargo, también sobresale el que la autoridad electoral le impuso la obligación de emitir un mensaje previo a éstas que recuerde lo establecido en el artículo 134 constitucional.
En un inicio, el mandatario lo hizo “bajo protesta”, pues acompañó el mensaje que el INE ordenó con una posdata.
“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte un daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, se leía en el mensaje.
Sin embargo, la autoridad lo volvió a sancionar y ahora el mensaje sigue emitiéndose previo al inicio de la conferencia, pero sin la posdata.
Otro caso que atrajo la atención fue el de violencia política de género en contra de la aspirante Xóchitl Gálvez, la cual se acreditó, pero porque personal del INE “tergiversó” el discurso del mandatario, hecho que se sancionó con la baja de dos personas que laboraban en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.