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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló ayer, por mayoría de cuatro votos a uno, la candidatura de Ricardo Anaya al Senado.
El excandidato presidencial, quien ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), tiene con ello amplias posibilidades de obtener fuero constitucional al estar en lugar tres de la lista única de candidatos por el principio de representación proporcional del PAN.
La candidatura de Anaya fue impugnada por Morena, quien aseguró que el panista es un prófugo de la justicia, pero no aportó elementos de prueba suficientes para acreditar la existencia de una orden de aprehensión en su contra.
A lo más que llegó Morena es a presentar como prueba un requerimiento que le hizo a la FGR para que le informara si había orden de aprehensión contra Anaya y, en su caso, por qué no se había ejecutado.
La magistrada ponente, Janine Otálora Malassis, consideró que con base en las evidencias no se actualiza la suspensión de los derechos políticos del candidato.
Aseveró que Morena no acreditó la existencia de una orden de captura sin que haya prescrito la acción penal, y que Anaya Cortés esté sustraído de la acción de la justicia para evitar ser sujeto a proceso penal.
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“Me parece que aquí, quien está denunciando que una candidatura no cumple con uno de los requisitos, tiene que aportar muchos más elementos, si no esto podría asimilarse a una pesquisa más que a una revisión de requisitos de elegibilidad”, justificó.
El único de los cinco magistrados que votó por no validar la candidatura de Anaya Cortés fue Reyes Rodríguez, quien pidió requerir a la FGR para que informe si hay o no orden de captura contra el panista, como pidió Morena. Al final se quedó solo, porque hubo cuatro votos para validar la candidatura.
En tanto, en otro asunto de un candidato con orden de aprehensión, el TEPJF determinó que Carlos Víctor Peña Ortiz, candidato de Morena al municipio de Reynosa, Tamaulipas, sí tiene vigentes sus derechos político-electorales. Por ello, ordenó reincorporarlo al Padrón Electoral, lo que implica un aval tácito a su candidatura.
Peña Ortiz tiene orden de aprehensión por lavado de dinero, contra la cual obtuvo una suspensión definitiva de amparo, pese a lo cual se le negó esa posibilidad porque lo pidió en forma extemporánea.
No obstante, para la sala hay una circunstancia extraordinaria que vulnera los derechos de Peña Ortiz, pues un juez ordenó restituir provisionalmente el goce de sus derechos político-electorales.