En México existe un rezago de hasta 10 años en la medición de contaminación electromagnética debido a que no hay una regulación que obligue a las empresas de telecomunicaciones a calcularlas para asegurarse de no exceder los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La contaminación electromagnética se refiere a la exposición excesiva a campos electromagnéticos, o bien de energía, generados por aparatos tecnológicos como los teléfonos, módems, antenas de telecomunicaciones, radios, microondas, entre otros”, explicó Gabriela Mercado, gerente de Consultoría en TES América, dedicada a la investigación del espectro radioeléctrico.
Aseguró que la exposición superior a los 300 Gigahercio (GHz) de este tipo de contaminación (el nivel máximo recomendado por la OMS) podría generar enfermedades como el calentamiento de los tejidos, cáncer, sobreestimulación nerviosa y otros problemas biológicos.
Actualmente, la contaminación electromagnética se mantiene como un tópico poco abordado en el país, razón por la que hasta ahora no se sabe cuánta contaminación electromagnética se genera a nivel mundial y mucho menos, cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido.
“Lo que sí tenemos claro luego de que hemos realizado más de 15 mil mediciones en 15 ciudades de todo el mundo es que en las zonas donde hay mayor conectividad, despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y dispositivos inteligentes conectados, los niveles de este tipo de polución exceden los niveles recomendados”, aseguró la directiva de TES América.
Ley para regular es letra muerta
Para la gerente de Consultoría en TES América, las leyes y regulaciones que existen actualmente en el país para mantener niveles permitidos de contaminación electromagnética son “letra muerta” debido a que las autoridades, particularmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no han avanzado en la implementación de mediciones.
“La Semarnat tiene la facultad de medir la contaminación electromagnética porque está prevista en el Artículo 5° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero no ha ejercido su facultad y cuando no se ejerce la facultad es letra muerta en una ley”, aseveró Gabriela Mercado.
Agregó que incluso en 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió una disposición técnica que lo faculta para realizar mediciones y vigilancia electromagnética de las antenas de telecomunicaciones, sin embargo, dicha regulación no se enfoca en proteger a la ciudadanía.
“El IFT puede realizar mediciones y vigilancia, pero es una vigilancia del cumplimiento normativo que debe tener una antena de telecomunicaciones y no necesariamente una vigilancia de la exposición de la población a esta radiación”, expuso.
Por ahora y para combatir el rezago de 10 años en materia de regulación, la experta pidió a las autoridades emitir una norma oficial que obligue tanto a empresas como a las propias autoridades a realizar mediciones de electropolución.
5G podría aumentar niveles de electropolución
La promesa de nuevas aplicaciones, usos y velocidad que promete la red 5G, sólo puede ser posible con un despliegue de infraestructura 10 veces superior al de la red 4G, lo que genera alerta entre los expertos, quienes consideran que esta tecnología podría aumentar los niveles de contaminación electromagnética.
“Al no tener ninguna medición, control, política pública o regulación, no se conoce cuál es el nivel de exposición que tiene la población actualmente con el despliegue de 5G. Es claro que el despliegue de este tipo de infraestructura ha ido creciendo por las necesidades que tenemos de conectividad, pero necesitamos medir sus efectos”, destacó Mercado.
En este sentido, la experta dijo que si bien no se debe detener el despliegue de telecomunicaciones, toda vez que el acceso a internet es un derecho humano, se debe realizar un trabajo conjunto entre gobierno, empresas y sociedad para evitar que los mexicanos sigan expuestos a altos índices de contaminación electromagnética.