El juez Francisco Javier Rebolledo concedió a Monsanto, filial de Bayer, una suspensión provisional en contra del decreto presidencial que prevé la eliminación gradual del glifosato y el maíz transgénico.

El titular del sexto juzgado de distrito en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México argumentó que el decreto que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 no incluye mayor evidencia científica respecto a los daños a la salud que pueden causar el maíz transgénico o el uso del glifosato.

El decreto firmado por el presidente López Obrador citó un estudio realizado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer en 2015, en donde se señalaba que el glifosato podría ser cancerígeno.

Sin embargo, el juez Rebolledo consideró que hay estudios más recientes respaldados por al menos seis organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, que no consideran que el herbicida sea dañino para la salud.

La sentencia de Rebolledo apuntó que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de Brasil, países a los que México compra semillas de maíz para la alimentación, han concluido que el glifosato no es carcinogénico.

“Además las opiniones vertidas por los organismos mencionados dan pauta a considerar que no implica en forma alguna un riesgo para la salud ni para el medio ambiente de acuerdo con las recomendaciones de uso autorizado, razón por la cual la medida prohibicionista impuesta en el acto reclamado, se juzga hasta este momento carente de idoneidad y justificación”, subrayó la sentencia.

Piden activistas a juez que rectifique

La organización “Sin maíz no hay país” manifestó su preocupación ante la suspensión provisional concedida a Monsanto, por lo que mediante una carta le solicitaron al Juez Rebolledo que rectifique su decisión, ya que estaría en riesgo la soberanía alimentaria.

“Es preocupante que en la suspensión no se consideren elementos que otros órganos jurisdiccionales tomaron en cuenta para negar la suspensión y, por el contrario, atienda todos los argumentos que esgrime una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo”, señaló en la misiva.

Agregó que el otorgamiento de la suspensión atenta contra la preocupación de la población de que se proteja la salud y se prohíba el uso de sustancias nocivas para la salud, como el referido herbicida.

La campaña está integrada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, científicas, académicas y en la defensa del ambiente.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han declarado con anterioridad que el decreto presidencial que prohíbe gradualmente el uso del glifosato no es aplicable a particulares, ya que solo se encuentra dirigido hacia las compras que realice el Gobierno.