En los últimos seis años empresas de Estados Unidos y Canadá invirtieron en México más de 4 mil 805 millones de dólares en la industria energética, capital que se ve amenazado por los cambios a las leyes en los sectores eléctrico y de hidrocarburos, impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las empresas que han invertido en México en el sector energético destacan firmas como Murphy Oil, Chevron, Fieldwood Energy, ExxonMobil, Talos Energy, First Solar, TC Energy, ATCO, Canadian Solar, Cubico Susteinable Investments, Northland Power, entre otras, que reciben apoyo de fondos de pensiones de Estados Unidos y Canadá.
Desde que comenzó la aplicación de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada que antes dominaba Pemex y CFE exclusivamente, en 2014 y hasta el primer trimestre de 2021, firmas de Estados Unidos inyectaron en la nación 2 mil 769.6 millones de dólares en este rubro, mientras que compañías canadienses aplicaron 2 mil 35.8 millones, muestran datos de la Secretaría de Economía.
En conjunto, ambas naciones representan 25.5 por ciento del total de inversión extranjera directa aplicada a la industria energética del país durante casi poco más de seis años, para inyectarse en actividades como extracción de petróleo y gas, servicios geológicos de exploración de yacimientos, generación, transmisión y distribución eléctrica, así como instalación de gasoductos para consumidor final.
Jeffrey Martin, presidente y CEO de Sempra Energy, comentó en conferencia que el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) defiende los capitales de ambas naciones en México, por lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador no puede privilegiar por encima de otras empresas a las compañías productivas del Estado como Pemex y CFE.
“Según el acuerdo, existe el requisito de que los gobiernos no tendrán privilegios sobre las entidades de propiedad estatal, también tenemos argumentos de que no se puede aprobar todo y luego aplicarlo retroactivamente al mercado sin un acuerdo bilateral”, explicó.
Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG México, refirió también que en el acuerdo de libre comercio con Europa hay reglas para proteger la inversión, pues hay empresas de España que usaron fondos de Estados Unidos y Canadá para sus proyectos.
“Hay capítulos de protección de las inversiones donde se puede escalar este tema hacia niveles que no benefician a nadie”, comentó.
Defensa en juzgados
Directivos y especialistas refieren que aun cuando el poder judicial apruebe las reformas energéticas del presidente de México, todavía tienen la defensa de los acuerdos internacionales.
Oscar Scolari, director general de la empresa desarrolladora de proyectos energéticos Rengen, dijo que los fondos de inversión aún no pierden toda la confianza en el país, principalmente por los amparos que detienen estas nuevas regulaciones.
“Mientras las instituciones de justicia de México sigan funcionando, habrá señales positivas para las empresas, ya que habla de que si hay estado de derecho y su posibilidad de defender sus inversiones”, comentó.
Raúl Herrera, socio de BC&B, firma legal y de negocios, comentó que en los amparos emitidos respecto a la reforma a la ley eléctrica se estableció que los cambios podrían afectar derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia, en detrimento a los usuarios finales del suministro básico de energía eléctrica.
“Esta medida cautelar tiene efectos generalizados puesto que de otorgarse sólo a los peticionarios del amparo no sólo estaría concediéndole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, también ocasiona distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector”, señaló.
Por su parte, Gonzalo Monroy, director de la firma de consultoría GMEC, resaltó que las reformas en materia eléctrica e hidrocarburos perjudican la rentabilidad del capital invertido y por invertirse, puesto que se trata de dinero comprometido que no se le puede cambiar su destino. Tan fácilmente.
“Esta cifra no es la fotografía completa, porque hay capital comprometido en distintos contratos, como los aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que aún no se aplican pero ya están etiquetados, por lo que el monto puede ser mucho mayor”, explicó Monroy.
“Cuando afectan la rentabilidad de los proyectos al aplicar, por ejemplo, cambios en las reglas del despacho eléctrico, impactan la rentabilidad de las inversiones que realizaron fondos de pensión de Estados Unidos y Canadá, con ello a los intereses públicos de ambos países e incluso nacionales porque también hay pensiones de mexicanos invertidas en esto”, refirió el especialista.
Cabe mencionar que del total de inversión que llegó de Estados Unidos en el primer trimestre de 2021, sólo 2 por ciento fue en energía, mientras que entre 2018 a 2020 rondaba entre 3.3 a 4.3 por ciento.