La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que no regularice los autos usados importados de Estados Unidos de manera ilegal, comúnmente llamados “chocolate”, porque tendría repercusiones negativas en la economía y medio ambiente del país.
En la conferencia de la mañana, el mandatario dijo que ven importante esta situación principalmente en municipios de la frontera con Estados Unidos porque son las personas más humildes las que son afectadas.
“Entonces, vamos a regularizar, que no sea mucho el trámite, que se simplifique, que se puedan entregar las placas o el reconocimiento de la propiedad del vehículo y que se pague una cantidad justa por el trámite, y que todo eso que se obtenga se le devuelva a la gente en programas de bienestar, ya sea en salud, en educación, en servicios públicos; por ejemplo, estuvimos en Rosarito y es una demanda sentida”, comentó.
A lo cual la AMDA respondió que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011.
“Es importante anotar que la importación de vehículos usados es factible realizarse de conformidad al decreto por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado por sus instrucciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020”, explicó.
En lo que respecta a la utilización de vehículos en los actos criminales, la AMDA apuntó que es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso.
“La regularización de vehículos ilegales afectará en primer término el patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización (…) La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando será la oportunidad para incrementar la basura automotriz circulando en nuestro país, y para introducir tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente”, destacaron.