El vuelo de Aeroméxico hacia el final de su bancarrota tiene un nuevo obstáculo: el Comité de Acreedores no Garantizados (UCC, por sus siglas en inglés), el cual quiere convencer a algunos proveedores, incluidas las empresas de renta de aviones y el sindicato de pilotos, de votar en contra del plan de reestructura planteado por la aerolínea.
El UCC señaló que el camino hacia el fin de la protección del capítulo 11 es desproporcionado y presenta notorios beneficios para Delta Airlines, socio de la empresa mexicana, además de entregar más recursos a algunos directivos de la aerolínea.
“El comité alienta a los acreedores generales no garantizados de Aerovías, Aeroméxico Connect y Aeroméxico Cargo a votar no y rechazar el plan propuesto por los deudores”, indicó la documentación.
De acuerdo con información de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde se ha llevado a cabo el proceso de capítulo 11 de la aerolínea mexicana, el Comité estima que el plan de salida otorga, de forma inapropiada, 255 millones de dólares, de la nueva empresa, a Delta, accionistas actuales y directivos de la aerolínea.
“El plan de negocios en el que se basa el plan de reorganización subestima significativamente el desempeño actual y futuro de la empresa, lo que resulta en una evaluación deprimida y recuperaciones subestimadas para los acreedores no garantizados”, agregó el Comité en los documentos.
El UCC está conformado por el sindicato de pilotos de Aeroméxico, arrendadores de aviones, así como otros proveedores relacionados con los que la compañía mantiene deudas, aunque reestructuradas.
La fecha final de votación del plan es el 7 de enero de 2022 y el 18 del mismo mes será cuando la Corte realice la audiencia para la revisión del plan de salida propuesto por Aeroméxico, en el que la empresa reagrupará a sus accionistas: mientras que los inversionistas actuales se diluirán completamente, Delta Airlines tendrá el 20 por ciento de las nuevas acciones, Apollo 22.3 por ciento; y algunos inversionistas mexicanos mantendrán una posición del 4.1 por ciento.
El resto de la empresa, alrededor del 53 por ciento, se distribuirá entre nuevos accionistas que entrarán a la empresa a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), la cual no fue bien tomada por los mercados financieros durante los primeros días tras su anuncio.
El UCC también pone en entredicho el plan a 5 años propuesto por Aeroméxico, pues indica que en el plan de salida, no se considera de forma adecuada la recuperación.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), que mantuvo una posición estratégica en el comité de acreedores no garantizados, señaló a El Financiero que apoyará el plan de salida siempre que respete tres principios.
“A pesar de esos comentarios del UCC, como parte del Comité, nuestro voto estará alineado a tres factores que hemos manifestado: que permanezca la inversión mexicana, la alianza con Delta, que es importante, y darle un fin pronto al proceso de reestructura”, indicó José Suárez, secretario de prensa de ASPA a este diario.
Aeroméxico presentó su propuesta de adhesión voluntaria al capítulo 11 el último día de junio del año anterior, tras lo cual fue aceptada su proceso. Apollo Global fue el fondo de inversión que inyectó mil millones de dólares divididos en un par de ‘tranches’: el primero de 200 millones y el segundo de 800 millones de dólares.
René Armas Maes, especialista del sector aéreo, señaló que la posición de los acreedores no garantizados dota de más incertidumbre a la aerolínea en su proceso de reestructura.