La plataforma de delivery Rappi presentó un amparo contra el impuesto del 2 por ciento que la Ciudad de México implementó a las plataformas digitales.
“Decidimos acudir a esta instancia, porque consideramos que el impuesto de 2 por ciento aprobado en el Código Fiscal 2022 de la Ciudad de México no solamente afecta a las plataformas digitales de reparto a domicilio, como han asegurado las autoridades, sino que también repercute en los consumidores, usuarios y los repartidores, además de que representa una barrera para la reactivación económica y la digitalización de la economía afectando a los pequeños y medianos comercios de la capital”, respondió la empresa en su postura institucional.
El pasado 15 de enero del 2022 el Gobierno de la Ciudad de México inició con el cobro de este impuesto del 2 por ciento a plataformas digitales, esto por el uso de la infraestructura de la Capital.
El amparo que impuso Rappi fue entregado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en al Ciudad de México, el cual fue admitido y se le concedió una suspensión provisional al pago de dicho impuesto.
“En Rappi estamos comprometidos con continuar siendo un aliado para el desarrollo económico de la Ciudad de México y confiamos en que la resolución favorecerá la construcción de medidas que beneficien a la economía digital y a sus usuarios. Estaremos atentos a la decisión que el Poder Judicial tome en definitiva”, concluyó la fina de delivery.
Durante el primer mes del 2022, la empresa de delivery y transporte Uber también arremetió contra el impuesto, diciendo que ‘no son maneras de solucionar’, pues ya existe una retención de impuestos que realizan tanto a conductores como repartidores, además de los impuestos propios que pagan como empresas.
A inicios de enero, un grupo de repartidores, presentó un oficio para impugnar contra el nuevo impuesto, el cual entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (SCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (CNDH), y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
“La Ciudad de México pretende, sin decirlo abiertamente, establecer el pago de un aprovechamiento (impuesto), por el uso de la infraestructura, siendo en sí, el equivalente a cobrar un derecho de piso por transitar en la Ciudad de México, cuando el libre tránsito se encuentra garantizado por la propia Constitución”, apuntaron.