Estados Unidos calentó más los humos en su choque con Canadá por un impuesto digital que afectaría a tecnológicas estadounidenses de la talla de Google, Facebook y Netflix.
La Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés) exigió al gobierno canadiense frenar sus planes para un impuesto a servicios digitales (conocido también como DTS), alegando que es una medida innecesaria y discriminatoria contra firmas estadounidenses.
El USTR ya había expresado su descontento con el DTS y amagó nuevamente con tomar cartas en el asunto.
“Si Canadá adopta el DST, el USTR examinará todas las opciones, incluyendo las disponibles en nuestros acuerdos comerciales y estatutos domésticos”, advirtió la dependencia estadounidense en un comunicado emitido el martes.
Canadá presentó su propuesta de impuesto digital en abril del año pasado. Éste cobraría un 3 por ciento de los ingresos totales de compañías digitales extranjeras con operaciones en el mercado canadiense cuando estos sean iguales o mayores a 850 millones de dólares (mdd). El gobierno canadiense estima recaudar 2 mil 700 mdd de dólares anuales con el impuesto.
Aunque el impuesto entraría en efecto por lo menos hasta enero de 2024, la recaudación aplicaría a ingresos reportados desde el primer día de 2022.
Las autoridades canadienses todavía no saben si su DST entrará en efecto. El año pasado, Canadá añadió su firma a la de más de 130 países que convinieron armar un marco regulatorio para el cobro de un impuesto global digital de 15 por ciento a grandes tecnológicas.
Técnicamente, la consolidación del convenio dejaría obsoleta la propuesta de un DST canadiense. Sin embargo, las autoridades del país optaron por tener su versión del impuesto a la mano en lo que se ajustan los detalles del DST global.
El USTR urgió a Canadá a hacer lo contrario: dejar de lado su DST para concentrarse en el desarrollo de la versión global.
El tema del cobro de impuestos a grandes tecnológicas es un problema por resolver a nivel global. Muchas de estas compañías tienen ingresos de decenas de miles de millones de dólares, pero no pagan impuestos en los países donde operan, dado que sus servicios son transfronterizos y no requieren de presencia física en todos los mercados.
Pascal Saint-Amans, director del Centro de Administración y Política Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), caracteriza la situación como “crecientemente frustrante” para los países donde estas grandes tecnológicas operan.
Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de medidas unilaterales y tensiones comerciales en caso de que no se concrete un esfuerzo global en vez de varias medidas nacionales.