Altán Redes tendrá asegurado su negocio por 40 años en lugar de los 20 años originales, lo que le permitirá contar con dos décadas más para sanear sus deudas al tiempo que encuentra la rentabilidad de su negocio, esto tras ser rescatada por el Gobierno y sus inversionistas con un financiamiento de 388.1 millones de dólares, señalaron analistas del sector.
El martes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confirmó la extensión del contrato de Asociación Público-Privada (APP) firmado en 2017 con Promtel y Telcomm para dar vida a la Red Compartida por 40 años en lugar de los 20 originales.
“Lo que está haciendo el IFT es dar el visto bueno a los cambios corporativos de Altán, así como validar la forma en que ha establecido el cumplimiento de sus obligaciones como APP. Con esta ampliación de 20 años, Altán tendrá asegurado su negocio por 40 años y podrá sanear sus finanzas con mayor tranquilidad”, explicó Jorge Moreno, abogado especializado en telecomunicaciones.
Estos son las metas que Altán debe cumplirle al Gobierno
Hasta ahora, Altán tiene la meta de ofrecer el servicio de la Red Compartida a 70 por ciento de la población mexicana para noviembre de 2022; al 85 por ciento para enero de 2027 y a 92.2 por ciento para enero de 2028, lo que implica el incumplimiento del gobierno en su promesa de llevar internet para todos al final del sexenio.
Moreno afirmó que la ampliación busca dar certeza y claridad a los inversionistas sobre un proyecto que para el Gobierno es rentable. Sin embargo, advirtió que, en el caso de la extensión de la concesión, esta debe estar supeditada a que la empresa cumpla con sus obligaciones de conectividad.
“La empresa deberá comprobar que ha cumplido con sus obligaciones originales, que es llevar conectividad al 92.2 por ciento en enero de 2028; si no cumple con esto y se le otorga una ampliación de 20 años más, ahí sí podríamos hablar de que la autoridad regulatoria no está siendo imparcial”, opinó el abogado especializado en telecomunicaciones.
Hasta ahora Altán Redes no ha solicitado la ampliación del título de concesión que le otorgó el gobierno, pero podrá hacerlo un año antes de que termine la vigencia, es decir, en 2032 como lo establece la ley de acuerdo con Moreno.
Para ese momento, Altán ya debería haber cumplido con su obligación constitucional de llevar internet al 92.2 por ciento de la población.
“La concesión y su vigencia deberán seguir su propio proceso y cuando llegue el momento de poder ampliar la vigencia, tendrá elementos para poder obtener la autorización si es que en su momento cumplió con las obligaciones que se le han establecido”, detalló.
Moreno explicó que la inyección de 161 millones de dólares por parte de la banca de desarrollo es ya un hecho y, por tanto, se debe mantener vigilado a Altán y a la forma en que está operando el dinero de los mexicanos para dar cumplimiento con su mandato constitucional.