La intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de migrar todas las operaciones de carga, sin incluir las que mezclan mercancías y pasajeros, supone una serie de riesgos en materia de competencia, y en tanto no se garantice la “existencia de infraestructura” en otro aeropuerto, no se debe prohibir el servicio público de transporte de carga nacional e internacional, afirmó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En un análisis, el organismo antimonopolios establece que obligar a los concesionarios de transporte aéreo de carga a modificar sus cadenas de suministro ocasionaría, al menos temporalmente, mayores precios finales a los consumidores.
Además, puntualiza la Cofece en el documento presentado ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que la migración también podría ocasionar una reducción en la oferta de productos que actualmente utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su distribución.
“Existen productos cuya única opción para ser importados, en caso de requerir un aeropuerto, es a través de la aduana ubicada en el AICM. Por lo anterior, la disponibilidad de estos productos se reduciría y los precios aumentarían en perjuicio de los consumidores, en tanto se habilita otra aduana en algún aeropuerto”, precisa la Cofece.
Aunque el gobierno pretende publicar el decreto a comienzos de febrero, la Cofece recomendó que, en caso de continuar con la intención de prohibir las operaciones de carga en el AICM, se debe implementar una política pública para mejorar la infraestructura y condiciones logísticas para el manejo de carga en otros aeropuertos del país.
“En tanto se implementa esta política pública, no prohibir el servicio público de transporte aéreo de carga nacional e internacional desde el AICM. Lo anterior, sin menoscabo de la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de los usuarios que utilizan el AICM”, agrega el organismo.
El aumento de costos de logística por el eventual traslado ya ha sido contemplado por empresas como Estafeta, que estima tener un aumento de 3.5 millones de pesos mensuales en costos operativos, unos 40 millones anuales, por la migración, además de tener que invertir 70 millones de pesos en la adecuación de instalaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que, aunque no es señalado en el decreto como el destino de las operaciones, sí se perfila como el único dadas sus condiciones de distancia con los centros finales de entrega.
La Cofece también remarcó que el gobierno no ha presentado ningún estudio que presente las características de los aeropuertos similares al AICM en donde las líneas aéreas cargueras podrían mover sus operaciones.
En ese sentido, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la Asociación Nacional de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC) indicaron que el gobierno tendría que presentar una lista de operadores logísticos y actores de comercio exterior, así como de aduanas que cuenten con los sistemas, equipo y condiciones necesarias para recibir vuelos internacionales con mercancías.
En caso de que el gobierno no cuente con ello, indican los organismos empresariales, se podrían generar impactos en el sector por aumento de tiempo y costo logísticos.
“Lo cual desafortunadamente estaría impactando en los precios finales y accesibilidad de productos de cuidado personal y del hogar para los consumidores y familias mexicanas, lo cuál no estaría alineado al valioso esfuerzo del Gobierno Federal para reducir la inflación en productos de la canasta básica en el país”, indicaron ante la Conamer.
Las empresas del sector dijeron que la opción de 360 días para migrar las operaciones, propuesta por las líneas aéreas, sería lo más adecuado para evitar los impactos previstos por la migración propuesta en 90 días.