El Gobierno federal publicó esta semana el decreto por el cual las aerolíneas cargueras deberán suspender todas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y comenzar a buscar opciones para mover sus vuelos a otros puertos aéreos de la zona del Valle de México.
A partir de este viernes, las empresas aéreas de carga tendrán 108 días hábiles, y tendrán que salir del aeropuerto capitalino antes del 8 de julio.
El decreto establece que las empresas que combinen carga y pasajeros en el mismo vuelo, podrán mantenerse operando en el aeropuerto capitalino, mientras que las exclusivamente cargueras tendrán que comenzar a migrar.
De acuerdo con información del aeropuerto capitalino, hay 11 aerolíneas cargueras que tienen operaciones en ese puerto aéreo y que serán afectadas por el decreto:
- Aerounión
- Amerijet
- Cargolux
- Estafeta
- Lufthansa Cargo
- Mas Air
- Tampa Cargo
- UPS
- Cathay Airways
- Turkish Airlines
- Cal Cargo
- Emirates Sky Cargo
Incluso, algunas de ellas como Estafeta, Cargolux y Mas expresaron su desacuerdo por el periodo que fijó el gobierno federal estableció para la migración, ya que habían sugerido un lapso mínimo de 180 días para salir del AICM de forma ordenada.
En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que algunas empresas cargueras pidieran más tiempo para completar su salida del puerto aéreo.
El mandatario dijo que no se “chupaba el dedo” y que la petición de las empresas de un año para realizar la transición es solo una estrategia para “ir pateando el bote” y esperar que termine su sexenio y no salir del AICM.
López Obrador también confirmó que la intención del decreto es que las empresas cargueras se muden al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De hecho, DHL será la primera compañía de este tipo que operará desde esa terminal.
El decreto de AMLO supone una serie de riesgos en materia de competencia, advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hace unos días.
Asimismo, aseguraron que, en tanto no se garantice la “existencia de infraestructura” en otro aeropuerto, no se debe prohibir el servicio público de transporte de carga nacional e internacional pues esto ocasionaría, al menos temporalmente, mayores precios finales a los consumidores.