Con un paso más hacia la desaparición del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), los diputados del oficialismo aprobaron cambios a diversas leyes en la materia para otorgar los recursos del Derecho de No Residente (DNR) a una megaempresa paraestatal que estará facultada para controlar, administrar y construir aeropuertos, ferrocarriles, así como dar servicios aeroportuarios, ferroviarios, turísticos y culturales.
Los cambios en la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, que fueron aprobados por 254 votos a favor en la madrugada de este miércoles, establecen que 80 por ciento de los recursos obtenidos por el DNR (unos 19 mil millones de pesos según la oposición), serán ocupados para dar vida a una megaempresa del Estado que se encargue de planear, realizar estudios, proyectos e inversiones en los sectores de la aviación, ferrocarriles, turismo y cultura.
20 por ciento de los recursos restantes serán canalizados al Instituto Nacional de Migración para realizar mejoras en el servicio que este organismo realiza.
El costo del DNR vigente es de 687 pesos según información del Instituto Nacional de Migración (IMN) que, además, recibirá el 20 por ciento de los recursos restantes para realizar mejoras en el servicio que este organismo realiza.
Hasta ahora, los recursos del DNR son utilizados para el funcionamiento del Fonatur que, entre otras tareas, se encargaba de la promoción turística y de la administración y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP), que son polos de alta demanda turística como Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Riviera Nayarit, Cozumel, Huatulco, además de Playa Espíritu.
“Le van a quitar 20 mil millones de recursos a Fonatur para militarizar ese presupuesto. ¿Qué va pasar con el mantenimiento de esos destinos turísticos?’ El destino que más aporta es Cancún, más de 5 mil millones de pesos, quedará sin un peso para mantener su zona hotelera y mermará su calidad, con este dictamen estaremos dando el primer paso para bajar ‘la cortina’ de Fonatur”, criticó la diputada perredista Laura Fernández.
Cabe señalar que, hasta ahora, las empresas conformadas para la operación de aeropuertos, puertos, ferrocarriles y paseos turísticos están a cargo de elementos de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, además que los servicios aeroportuarios han sido entregados al Ejército a través de una reforma en seguridad aeronáutica que fue impulsada desde el Jefe del Ejecutivo.
En la iniciativa de reforma enviada por el presidente, además, se estima que, para el óptimo desarrollo de dichos proyectos, se está proyectando una entidad paraestatal que opere a través de un fideicomiso sin estructura en donde se depositarán los recursos del DNR.
Si bien la tarifa cobrada a los turistas internacionales que ingresan por mar, tierra y aire había sido arrebatada por el Presidente a inicios de sexenio, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), esos recursos no habían sido etiquetados para ningún fin, pese a que se perfilaba usarlos para la construcción del Tren Maya, una iniciativa que no fructificó.
El daño a la promoción turística, explicó Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, comenzó al inicio del sexenio, pero podría ampliarse con la participación de la ‘megaparaestatal’.
“Probablemente no sería la mejor decisión el que el estado interviniera en empresas turísticas en tanto hubiera interés de los inversionistas privados”, indicó Madrid.
El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, advirtió que el Fonatur ha desaparecido de facto, en esta administración, y dijo que su eliminación, así como el control militar de los Centros Integralmente Planeados pone en duda su funcionamiento.
“Básicamente desapareció el Fonatur. Por supuesto que el mantenimiento de los CIP, pero también la creación de nuevos CIP se pone en tela de juicio, porque este dinero que se ponía en mantenimiento no será una prioridad”, remarcó el representante de los empresarios turísticos.
Con la creación de la megaempresa, que se perfila a ser entregada a la Sedena, los militares controlarán el 16 por ciento de la oferta de habitaciones en el país, además que deberán administrar los centros vacacionales en donde se concentra el 21 por ciento de la ocupación anual de cuartos de hotel.
Además, el presupuesto que tendría la paraestatal, de concretarse la iniciativa, que ahora ya está en el Senado para su votación, al menos para este año, sería de más de 27 mil millones de pesos, según proyecciones realizadas por este diario considerando el costo vigente del DNR y la previsión de ingreso de turistas internacionales realizada por la Secretaría de Turismo.
Las modificaciones a la Ley General de Turismo pasaron al Senado, en donde se prevé sean aprobadas por Morena y sus aliados. De igual forma, la Cámara Alta tendrá a discusión los cambios para dar el control de la seguridad aérea a los militares, además de la incorporación de la figura de asignación que permitirá a paraestatales operar aeropuertos y aerolíneas simultáneamente, además de poder controlar ferrocarriles.