La Cámara Minera de México (Camimex) acusó que en el país no existe un Estado de derecho para las empresas del sector, por lo que urgió a las autoridades ambientales y laborales a garantizar el cumplimiento de la ley, a fin de haya un entorno propicio para el desarrollo de la actividad minera en el país.
En un comunicado, Camimex señaló que es urgente resolver el retraso generalizado en las respuestas a las solicitudes de permisos ambientales, mismos que son necesarios para que las empresas del sector operen en el país y cumplan con la normatividad establecida en la ley.
“Reconocemos la importancia de contar con procesos de evaluación y mecanismos de prevención; sin embargo, resulta crucial que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales actúen de manera ágil y eficiente en los procesos de evaluación y en la emisión de resoluciones”, detalló la Camimex.
Explicó que el retraso se ha dado incluso con aquellas empresas que cumplen rigurosamente con los requisitos establecidos por la ley toda vez que están comprometidas con el desarrollo de la minería.
“La certeza y eficiencia en el proceso administrativo son fundamentales para retener e impulsar la inversión responsable en el sector minero, la cual es clave para el crecimiento económico y el bienestar de nuestro país”, añadió la Cámara.
Además, solicitó a las autoridades laborales mayor colaboración para resolver la huelga que se ha suscitado en Minera Peñasquito desde el 7 de junio, ya que dicho conflicto afecta a la producción nacional y a la confianza de los inversionistas en el país.
“Como representantes de la industria minera responsable en México, externamos nuestra preocupación por el impacto que ésta y otras situaciones tienen en el empleo, la producción nacional, la confianza de los inversionistas en el país, así como a la operatividad de las empresas mineras”, sostuvo.
La organización dirigida por José Jaime Gutiérrez, detalló que, de no resolver ambas problemáticas, un sector tan relevante podría dejar de contribuir al bienestar económico y social en el país, ya que, en 2022, el sector generó 3 millones de empleos y representó 2.46 por ciento del PIB nacional.