Las secretarías de Marina y de la Defensa podrían obtener 5 mil 204 millones de pesos anuales con la creación de un nuevo fideicomiso sin estructura orgánica, en donde se depositarían las tasas cobradas sobre los ingresos totales de los grupos aeroportuarios, considerando la facturación de los grupos al cierre del 2022.
Por voto mayoritario, el miércoles, la Cámara de Diputados aprobó adicionar el artículo 220-A a la Ley Federal de Derechos de 2024, el cual establece el cobro de una tasa de 9 por ciento, ya no de 5 por ciento, a los ingresos brutos de los dueños de concesiones de servicios aeroportuarios, es decir sobre la facturación total de las empresas.
De acuerdo con datos de las emisoras, GAP, OMA y ASUR acumularon ingresos, por sus operaciones en aeropuertos mexicanos, por 57 mil 827 millones de pesos al cierre del 2022, de esos recursos, el 5 por ciento fue absorbido por el gobierno según lo establecido en los títulos de concesión de los grupos aeroportuarios.
Ahora, el gobierno recibirá lo que represente de una tasa de 9 por ciento de los ingresos totales de los concesionarios aeroportuarios privados, por lo que la captación de la contraprestación cobrada a las empresas aeroportuarias pasará de 2 mil 891 millones a más de 5 mil millones de pesos.
El gobierno pactó también nuevas bases tarifarias para reducir los costos de los boletos de avión y beneficiar a los usuarios de aeropuertos y líneas aéreas.
“Estas actualizaciones son significativas, pues es la primera vez, en más de dos décadas que se revisan y ajustan las bases de regulación y la tarifa de contribución para las concesiones aeroportuarias”, refirió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La medida fue anunciada hace unas semanas por el gobierno y generó la caída de las acciones de los tres grupos aeroportuarios-OMA, GAP y ASUR-, aunque expertos indicaron que la disminución de tasas aeroportuarias generaría una oportunidad para que los concesionarios de aeropuertos tuvieran márgenes de ganancias más justas.
También, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles una reserva a la Ley de Derechos para el siguiente año, donde se establece que la tasa pagada por los concesionarios privados vaya a un fideicomiso sin estructura orgánica a cargo de la Marina y la Sedena, instituciones que ya controlan al menos 20 puertos aéreos en el país.
Los cambios legislativos adicionan al artículo 220-A que las personas titulares de concesiones a que se refiere la Ley de Aeropuertos “determinarán el derecho, por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 9 por ciento a la suma de los ingresos brutos por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, señalados en la ley de Aeropuertos y su Reglamento, conforme a sus estados financieros dictaminados”.
Además, que los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho se concentrarán en la Tesorería de la Federación, y se destinarán a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para el fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo su coordinación, a través de los fideicomisos públicos federales sin estructura, los cuales se constituirán dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas.
Para Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el aumento de las tasas y la disminución de los ingresos pone en entredicho el mantenimiento, así como la expansión de las terminales aéreas concesionadas a privados.
“Se va mermado a esa posible expansión, mantenimiento, son temas importantes, que deberían ser acordados en una mesa y no en una mesa, en donde exista un decreto”, señaló el representante del empresariado turístico en el país.
Arsuaga agregó que mientras los costos han aumentado, ahora, los ingresos se prevén sean reducidos y para las empresas es poco favorable trasladar los precios al consumidor final, además que, indico, los militares no deberían estar en el negocio aeroportuario.
Para Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), señaló que la reducción de tarifas de los grupos aeroportuarios se perfila como una mala decisión.
“Las tarifas de grupos aeroportuarios no parece una decisión apropiada en cuanto a certeza de los negocios”, puntualizó el experto.