La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una orden para que el gobierno federal entregue información a Calica de las investigaciones realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para determinar que la empresa estadounidense cometió un posible ecocidio en Quintana Roo.
La decisión fue tomada luego de resolver un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) en contra de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que Semarnat entregara a la empresa dedicada a la extracción de piedra caliza la información de la denuncia que presentó ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En junio de 2022, la titular de Semarnat, María Luisa Albores, informó que había presentado una denuncia en contra de Vulcan Materials Company, que opera en México a través de su filial Sac-Tun (antes Calica), hecho que dio inicio a un arbitraje internacional del que Calica solicitó información al gobierno federal, misma que le fue negada argumentando razones de seguridad nacional.
Con lo anterior, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso dar a conocer la información debido al interés de la colectividad por saber los daños medioambientales ocasionados por la empresa de origen estadounidense.
El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá fue aprobado con nueve votos a favor y dos en contra, luego de que el Pleno rechazara tres amparos que, alegando razones de seguridad nacional, buscaban anular por cinco años la entrega de información a Vulcan Materials Company.
“La Corte determinó que no puede sostenerse lo argumentado por la Consejería Jurídica, en el sentido de que el INAI debió haber analizado la causal de excepción de seguridad nacional, aun cuando ésta no fue argumentada en su momento por la Semarnat”, detalla la resolución.
Asimismo, la Corte aclaró que difundir la información que contiene la denuncia no afectará al arbitraje que se desahoga ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en el cual Vulcan Materials reclama un pago de mil 900 mdd como indemnización por los múltiples conflictos que sostiene con las autoridades desde 2016 y que se agravaron durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.