Starbucks, Oxxo y 7-Eleven, entre otras empresas interpusieron recursos de revisión de amparos contra la Ley Antitabaco, aseguró Maximiliano Cárdenas, coordinador legal de Salud Justa, una organización que promueve políticas públicas para el control del tabaco, la cobertura universal de salud, el consumo de alcohol y grasas trans.
“Identificamos prácticamente 350 recursos de revisión, que actualmente están siendo analizados, (...) en el caso de Starbucks está en conocimiento de la Suprema Corte un amparo que se presentó en contra de la validez del artículo 27 de la Ley General de Control de tabaco”, informó.
En enero de 2023 entraron en vigor diversas disposiciones en la Ley General para el Control del Tabaco, entre las que se incluyeron nuevas delimitaciones de áreas para fumar prohibiendo los espacios que antes había en restaurantes, bares, hoteles, salones de fiestas, centros comerciales, entre otros espacios públicos.
Mientras que, a los comercios se les prohibió la exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco y para las tabacaleras se les negó la posibilidad de hacer publicidad de cualquier tipo, vender en línea, hacer patrocinios, e inclusive la difusión de sus actividades de responsabilidad social.
Cárdenas detalló que desde la entrada en vigor del decreto se han presentado mil 700 amparos, el 70 por ciento de los cuales tiene que ver con espacios libres de humo, y 30 por ciento con la prohibición de exhibición, publicidad y otros.
La mitad de los amparos que se han presentado no fueron admitidos, en balance uno de 10 tuvo suspensión a la Ley, y 350 están en revisión ya sea en Tribunales o en la Suprema Corte de la Nación (SCJN).
“Hay amparos que le estamos dando seguimiento en la Corte, uno de ellos es Starbucks, y es interesante ver que la Corte va analizar cómo la Ley General de control de Tabaco puede o no validar la constitucionalidad de dicha reforma, frente al argumento de Starbucks”, señaló Cárdenas.
Agregó que las empresas y comercios suelen presentes tres argumentos: libertad de comercio, legalidad de la Norma y seguridad jurídica respecto al principio de jerarquía y las facultades reglamentarias del presidente para normar o reglamentar la Ley General de control de tabaco, y por último tiene que ver con un tema de que las medidas son discriminatorias.