La empresa texana SAT Aero Holdings (SAT), contratada para operar el arrendamiento de aviones y tripulaciones para Mexicana de Aviación, denunció que generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) amenazaron y coaccionaron a sus representantes para modificar los acuerdos previamente firmados, según la demanda interpuesta por la compañía ante la Corte del Distrito Sur en Nueva York, en la que la firma reclama el pago de 840 millones de dólares.
“Representantes del SAT fueron invitados con un grupo de generales de la Sedena y fueron amenazados con que el SAT debía aceptar la sanción económica por el retraso en la entrega de las aeronaves. SAT firmó la enmienda en consecuencia, pero bajo coacción; de hecho, incluso bajo miedo”, revela la demanda en poder de El Financiero.
De acuerdo con lo declarado por la empresa, anteriormente conocida como Petrus Aero Holdings, la coerción de miembros del Ejército ocurrió en una reunión celebrada alrededor del 27 de noviembre de 2023 y, según la compañía, fue después de esa fecha la empresa modificó los términos del contrato.
Además, la demanda de SAT Aero Holdings interpuesta el pasado miércoles en contra Mexicana, muestra una serie de inconsistencias y falta de experiencia de la Sedena en su intento de arrendar una decena de aeronaves para operar la aerolínea del Estado.
Por ejemplo, de acuerdo con la demanda, consultada por El Financiero, SAT detalla que el Ejército no pudo recibir al menos dos aviones debido a que no contaba con el Certificado de Operador Aéreo (AOC), lo que no le impidió importar aeronaves. Debido a esto, según la empresa, el Gobierno de México tuvo que usar tres aviones militares y dos más en renta provenientes de la aerolínea TAR.
“SAT no podía entregar las aeronaves porque Mexicana no había obtenido, como lo exige el acuerdo, las licencias necesarias —certificados de operación de aeronaves AOC— requeridas para la importación de aeronaves a México”, indica la demanda.
Bloomberg informó que SAT Aero Holdings presentó una demanda por más de 840 millones de dólares por incumplimiento de contrato de la aerolínea del Estado Mexicano, por fallar en una serie de cláusulas pactadas en un acuerdo de arrendamiento de aeronaves, tripulantes y seguros.
Adicionalmente, la empresa texana acusa que el Gobierno mexicano decidió operar la conformación de la aerolínea por su cuenta, prescindiendo de la intermediación de SAT, con lo que solo fue utilizada para localizar proveedores de servicios y luego contratarlos directamente.
La renta mensual por avión sería de 5.6 mdp en promedio
La demanda contra la Sedena reveló, además, los componentes del acuerdo firmado entre el Ejército y la empresa estadounidense que, hasta ahora, no se habían dado a conocer por el Gobierno federal.
Según la demanda, la empresa fue notificada el 9 de agosto de 2023 sobre la adjudicación del contrato para proveer una decena de aviones Boeing 737-800.
El acuerdo se firmó el 18 de agosto y, según el contrato, tres aeronaves debieron ser entregadas el 30 de septiembre de 2023 y siete más tuvieron que ser entregadas el 30 de octubre de ese mismo año.
Además, el contrato establece que el arrendamiento de aeronaves se extendería por 84 meses y, en el caso de formación de pilotos y sobrecargos, duraría un par de años.
Según el acuerdo, Mexicana se comprometió a pagar 350 mil dólares mensuales por cada aeronave con fecha de fabricación entre 2015 y 2016; 340 mil dólares por mes por cada avión fabricado en 2014: y 330 mil dólares por renta mensual en los casos de aeronaves construidas en 2013. Esto significa que mensualmente el Gobierno pagaría en promedio alrededor 340 mil dólares (cerca de 5.6 millones de pesos) mensuales por cada avión recibido.
Asimismo, por cinco tripulantes para cada aeronave, el Gobierno debería cubrir 225 mil 800 dólares (alrededor de 3.7 millones de pesos), además de un pago de poco más de 89 mil dólares (cerca de 1.4 millones de pesos) mensuales por mantenimiento de línea para cada avión.
Las cláusulas del contrato también especifican que por seguros se tenía que cubrir un pago de 500 mil dólares mensuales por avión (alrededor de 8.3 millones de pesos).
Para que el SAT pudiera suministrar las aeronaves, el Gobierno tenía que cubrir depósitos en garantía equivalentes a seis meses de renta de las aeronaves, es decir, un pago por avión de 2.1 millones de dólares, los cuales serían regresados cuando se cumpliera el acuerdo de renta de aviones con los pagos respectivos.
Aunque el Gobierno pagó 4.2 millones de dólares por dos aviones, Mexicana se negó a ser garante del arrendamiento entre SAT y NexBank.
Pese a que el Gobierno había otorgado las atribuciones a SAT para reclutar personal, conseguir aeronaves, seguros y suministrar servicios de mantenimiento, el gobierno comenzó a operar por su cuenta la operación de la aerolínea.
La empresa afirma que “siguió adelante” y trató de “hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo”, mientras seguía negociando los contratos de arrendamiento.
“Desafortunadamente, después de que el SAT pasara meses negociando los documentos de financiación y arrendamiento pertinentes con el banco y los arrendadores potenciales, la aerolínea se negó a firmar los documentos con estas instituciones”, según la demanda.
“SAT se ha esforzado por trabajar con la Sedena para resolver estos problemas. Sin embargo, en lugar de subsanar estos incumplimientos, Mexicana de Aviación ha intentado imponer sanciones económicas al SAT y responsabilizarla de la no entrega de ninguna de las aeronaves identificadas”, agregó el SAT en su denuncia.