Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan de remediación para proteger los derechos laborales de los trabajadores de la armadora en la planta de Volkswagen en Cuautlancingo, en Puebla, -una de las más grandes a nivel mundial para la armadora- ante investigaciones de presuntas violaciones laborales.
Se trata de la octava ocasión que ambos países resuelven un acuerdo de remediación ante el amparo del Mecanismo Rápido de Respuesta Rápida del T-MEC, además de ser uno de los 20 casos que se presentan ante dicho mecanismo.
“Felicitamos al Gobierno de México y a Volkswagen de México por tomar medidas rápidas para reforzar los derechos de los trabajadores y esperamos continuar la colaboración con México durante la implementación del plan”, comentó Katherine Tai, embajadora de EU en un comunicado.
Cabe recordar que el pasado 25 de abril pasado el gobierno de Estados Unidos recibió la queja de un grupo de trabajadores de la planta, que alegaron el despido injustificado de la armadora por actividades relacionadas a la libre asociación sindical.
En ese sentido, con la resolución, México deberá garantizar que Volkswagen restablezca y proporcione salarios completos y beneficios de ocho trabajadores de la planta y pagar la indemnización completa a un trabajador que eligió la indemnización en lugar de su reinstalación.
Además, Volkswagen debe implementar su declaración sobre neutralidad y directrices sobre libertad de asociación y negociación colectiva, incluida una política de tolerancia cero ante las violaciones. Así mismo se debe informar y mantener capacitados a los trabajadores, para que en caso de futuras posible violaciones a los derechos laborales, puedan hacer su queja ante el gobierno.
“En el marco del curso de remediación, el Gobierno de México deberá vigilar las instalaciones relacionadas con las obligaciones de este curso de remediación y el cumplimiento de las leyes mexicanas relacionadas con la libertad de asociación y negociación colectiva”, precisó.
Además se debe mantener una dirección de correo electrónico directa y una línea telefónica para que los trabajadores denuncien de forma anónima cualquier posible acto de interferencia ilegal u otras violaciones de la libertad de asociación.