El gobierno de Quintana Roo reformó la Ley de Equilibrio Ecológico, para exigir que todas las transacciones inmobiliarias en el estado cuenten con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para frenar el desarrollo irregular y proteger el entorno natural.
Esta medida, aplaudida por expertos por su potencial para regular el crecimiento urbano, plantea retos importantes para los desarrolladores inmobiliarios, que deberán enfrentar procesos más largos y complejos para actualizar propiedades previas a la reforma.
“Poner este candado donde desarrollas (es bueno), pero ahora para vender y reportar en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, debes demostrar que hiciste los estudios, eso es positivo porque va a obligar a los inmobiliarios no brincarse las trancas y seguir los procedimientos”, afirmó Patricia Ocaña Luna, presidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo.
Agregó que en un trimestre se pueden pedir 30 MIA´s, pero el número de registros públicos de propiedad triplican esa cifra.
“En un trimestre entran a la Secretaría del Medio Ambiente del estado aproximadamente 30 estudios para evaluación de impacto ambiental y si ves los que entran al Registro Público de la Propiedad, hay una diferencia del 200 o 300 por ciento de los que se registran y los que realmente están solicitando sus autorizaciones”, explicó.
Quintana Roo es atractivo para la inversión inmobiliaria de todo tipo, lo que ha ocasionado una depredación del territorio, el crecimiento desordenado y la devastación de selvas y áreas protegidas.
Generará impacto al mercado
La nueva medida decretada por el gobierno estatal generaría impactará al mercado inmobiliario, según Gene Towle, director de la consultora Softec, pues existen miles de construcciones previas a esta reforma que no cuentan con manifestaciones de impacto ambiental.
“Esto es correcto para los nuevos desarrollos, pero la duda es: qué pasa con lo que ya existe. Si tú compras un hotel que se hizo antes de que existiera esta regulación, ya no lo puedes comprar, ya no lo puedes vender, ya no se puede la transacción”, alertó Towle.
Cancún fue el segundo mercado más grande de vivienda el año pasado, según Softec. En 2023, se vendieron alrededor de 58 mil millones de pesos en vivienda social, residencial, vacacional y plus, principalmente.
“El reto en Cancún-Riviera Maya tiene que ver con las regulaciones ambientales, con la infraestructura urbana y la disponibilidad de servicios, agua y luz, que pueden empezar a meter complicaciones al mercado”, dijo.
Advierten cambio para el sector en una década
Alicia Bandada, presidenta de la Asociación Mexicana del Edificio Inteligente (IMEI BOMA) aseguró que regular y sancionar a las inmobiliarias por sus emisiones de carbono, cambiarán a la industria en una década.
En entrevista con El Financiero, agregó que hoy existen al menos siete estados donde se aplican impuestos por las emisiones de carbono en edificios.
“Se puede convertir en algo que sea obligatorio si se le suma los incentivos y las penalizaciones correspondientes, pienso que todo esto se va a transformar en unos diez años porque ya hay muchas empresas que tienen la promesa de para 2030 ser carbono neutro”, dijo Bandada.
Agregó que los edificios en México son responsables de hasta el 40 por ciento de las emisiones de CO2.
Preocupa tiempos burocráticos
Los expertos señalan que el tiempo de respuesta de las autoridades es largo para resolver permisos y declaratorias para demoler y construir, lo que retrasa inversiones.
“Todo el sector inmobiliario sabemos que esa atención ante la Secretaría de Medio Ambiente es tardía, nos hace sudar. En ocasiones, hasta para una vivienda unifamiliar, los procedimientos son tardíos, cuando el esquema normativo debe ser muy sencillo”, dijo Rodolfo Sánchez Zaragoza, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
Al respecto, Patricia Ocaña señaló que uno de los retos será atender este rezago administrativo e implementar más tecnología para agilizar trámites y garantizar que las reformas ambientales se cumplan.