La propuesta de Ley secundaria de telecomunicaciones, que se discute en el Senado de la República, pretende dar conectividad a las zonas rurales de México, mediante una cláusula que obligará a los concesionarios a ofrecer cobertura social, así como el despliegue de las redes mayoristas.
Al respecto, José Ignacio Peralta, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comentó que México tiene alrededor de 200 mil localidades, de las cuales, alrededor de 160 mil tienen de uno a 250 habitantes.
"En estas localidades se concentran poco menos de 6 millones de mexicanos y son localidades que para el mercado pudieran ser de baja rentabilidad, por lo tanto escasea la infraestructura de telecomunicaciones", indicó.
Expresó que se buscan dos mecanismos en la iniciativa de ley: en primer lugar las cláusulas de obligatoriedad social por parte de los concesionarios y por otro, las redes mayoristas donde habrá participación del Estado.
Esto obedece también al mandato constitucional décimo quinto y décimo sexto transitorio, que mandata la red troncal de fibra óptica y de una red compartida utilizando 90 MHz de la red de 700 MHz.
"Esto va permitir tener infraestructura mediante políticas públicas y no vía decisiones de mercado en aquellas zonas que por razones de rentabilidad no se está dando la inversión privada", expuso el funcionario de la dependencia.
En días recientes, Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica México, dijo que la propuesta del Ejecutivo toma en cuenta la postura de la industria en torno a la forma en la que se habrá de desarrollar la red mayorista.
La iniciativa establece "la prohibición de que la red mayorista con participación del Estado venda sus servicios a usuarios finales en una competencia desleal con los operadores", dijo Gil Díaz en declaraciones a EL FINANCIERO.
Según el proyecto de Ley secundaria en telecomunicaciones, el gobierno federal planea generar mayor infraestructura en telecomunicaciones mediante la expansión de la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la puesta en marcha de una red compartida.
Para evitar que estas redes, las cuales se apoyarán en el uso de diversos activos del Estado o cualquier otra que tenga participación estatal, causen distorsiones al mercado, el gobierno ha establecido que sean únicamente mayoristas y operen bajo principios de compartición de toda su infraestructura y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades. Las redes con participación del Estado prestarán exclusivamente servicios a las comercializadoras y concesionarios bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos, según el documento.
Hace cinco años Telmex seccionó algunas unidades de negocio, entre ellas Telmex Social, creada para atender las zonas rurales.