La propuesta de reforma a la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que priorizaría el despacho de energía generada por CFE, en detrimento de los productores independientes, no solo impactaría a privados como Iberdrola o IEnova, sino también podría afectar a firmas que cuentan con permisos de autoabastecimiento de electricidad.
Se trata de compañías como Liverpool, Carso, Alfa, Ternium, Ford, Continental, Bridgestone, Mabe, Bio Pappel, Heineken, Nestlé, PepsiCo, SuKarne, Bimbo, FEMSA, Kellogg's, Hershey's y Bimbo, por mencionar algunas de las empresas que cuentan con permisos de autoabastecimiento eléctrico.
La iniciativa, enviada por el presidente contempla que las plantas hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas de la CFE serían las primeras en despachar la energía que generan al sistema, posteriormente se enviaría la energía de las plantas eólicas y solares y, al final, entrarían las compañías privadas.
Además, la iniciativa contempla la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) rescinda los permisos de autoabastecimiento cuando no se destine la electricidad exclusivamente para el consumo propio del permisionario.
"CFE piensa que le roban clientes y quieren competir por esa nueva demanda", dijo Gonzalo Monroy, director de la firma de consultoría GMEC.
Sin embargo, añadió que las empresas podrían sufrir un incremento en los costos de la electricidad, lo que les restará competitividad, y evitaría que cumplan sus compromisos internacionales de sustentabilidad para reducir sus emisiones contaminantes.
"Viene una guerra de amparos, se enfrentan contra derechos adquiridos, están en una invasión de facultades. El 12 por ciento del PIB nacional viene de las empresas que tienen los convenios de autoabastecimiento", destacó.
Información de la CRE muestra que cinco sectores concentran, sin incluir a los generadores eléctricos, 45 por ciento de los permisos de autoabastecimiento: telecomunicaciones, manufacturas, alimentos, químicas y resinas plásticas e ingenios azucareros.
En México, hay 442 permisos de autoabastecimiento emitidos por la CRE, los cuales significaron inversiones por más de 26 mil 735 millones de dólares.
Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG México, refirió que, de aprobarse la ley, tal cual como la presentó el gobierno, no sólo se vendría una lluvia de juicios en los tribunales nacionales, sino también en los internacionales.
"Van en contra de los acuerdos de libre comercio como el TMEC y el TLCUEM, donde hay capítulos de protección de las inversiones donde se puede escalar este tema hacia ese nivel que no beneficia a nadie", comentó.
Recientemente la American Chamber/Mexico llamó a los legisladores a reflexionar para guiar la política energética nacional bajo un enfoque de certidumbre, libre competencia y respeto de los compromisos internacionales.
Agregó que, el sector energético representa el 6 por ciento del PIB y es determinante para que la economía mexicana pueda crecer sostenidamente, pero para ello, el Estado debe garantizar los principios de libre competencia y certidumbre jurídica.
Mientras que la Confederación de Cámaras Empresariales (Concamin) advirtió que, con esta iniciativa, se quebranta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.
Por otra parte, Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG México, consideró que esta propuesta acelerará el consumo de combustóleo para la transformación de las refinerías en México.
"El gobierno busca mantener el sistema de refinación funcionando. Para ello no puedes volver a procesar crudo, entonces para producir gasolina hay que deshacerse del combustóleo", contó el especialista.
Advirtió que, por ahora, la única forma para gastar el combustóleo es que la CFE lo queme y convierta en energía.