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Los posibles cargos de fraude contra Interjet y sus principales ejecutivos, que podrían presentarse antes de fin de año o a principios del próximo sin un acuerdo, se derivan de si la empresa recaudó impuestos de clientes y empleados pero no envió el dinero al Gobierno, indicó un funcionario con conocimiento del asunto.
Los impuestos supuestamente impagos de Interjet son parte de 6 mil 200 millones de pesos en reclamos del Gobierno, dijo el funcionario, quien pidió no ser identificado porque los casos tributarios están protegidos por leyes de privacidad.
La factura tributaria de la aerolínea asciende a 2 mil 900 millones de pesos. En parte porque la empresa se habría quedado con los fondos retenidos del impuesto sobre la renta de los empleados y de los pagos del impuesto al valor agregado (IVA) de los clientes, según un documento interno del Gobierno visto por Bloomberg News.
Interjet adeuda otros 3 mil 300 millones de pesos en otras tarifas gubernamentales y costos de combustible de una empresa estatal, mientras que otros acreedores buscan otros 7 mil 500 millones de pesos, según el documento.
Interjet dijo en respuesta a preguntas que las cifras eran incorrectas, pero se negó a detallar otras cantidades. La aerolínea no respondió a las preguntas sobre las negociaciones fiscales.
El viernes por la tarde, se dio a conocer que Miguel Alemán Magnani, director ejecutivo de Interjet, y su padre Miguel Alemán Velasco, presidente de la aerolínea, podrían enfrentar cargos de fraude, al igual que la propia empresa, comentó el funcionario citado. Las negociaciones aún podrían conducir a un acuerdo, agregó la persona.
Las supuestas deudas fiscales de Interjet han complicado un esfuerzo por captar 150 millones de dólares prometidos por un grupo de inversionistas externos como un salvavidas para la aerolínea, que está teniendo dificultades con la pandemia de coronavirus y que traía problemas financieros previos al COVID-19. Bloomberg News anteriormente informó que los inversionistas aún no han transferido los fondos por temor a que el Gobierno tome parte del dinero para cubrir los impuestos sin pagar.
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