Crear una base de datos de los propietarios de celulares para cumplir con una de las obligaciones que propone el proyecto de ley secundaria de telecomunicaciones representará un trámite costoso e innecesario, consideró el presidente de Telefónica México, Francisco Gil Díaz.
"Esto ya se había echado para abajo con aquel experimento lamentable que se tuvo con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y ojalá que el Congreso tome nota de eso para que reconsidere pedir que apuntemos los nombres de los propietarios de los celulares.
"Es un trámite adicional que sería costoso y que nos parece que es redundante e innecesario", expuso el directivo en entrevista radiofónica.
Argumentó que con 85 por ciento de celulares en el esquema de prepago es ocioso pedir información sobre el propietario de un celular, ya que la rotación de los equipos en una empresa como Telefónica es superior al 2 por ciento mensual.
"La cantidad de cambios que suceden todos los meses, a lo largo de un año, es casi 30 por ciento de la clientela nuestra que ya cambió; en otras empresas los porcentajes son mayores, pues en dónde se va a guardar esa información y qué utilidad tendría", cuestionó.
Gil Díaz subrayó que cuando una persona quiere cometer un delito encuentra muy fácil cambiar de celular, incluso usar un teléfono público o un equipo de prepago de Estados Unidos o Guatemala.
Según el directivo, Telefónica México propuso al Congreso que se establezca un método de solicitud de información ágil que ayude a los operadores a cumplir en el menor tiempo posible con la disposición.
"Hoy todo el trámite involucrado desde el punto de vista jurídico y burocrático hace que cuando se entregue esa información ya hayan pasado dos o tres días y posiblemente se haya perdido la utilidad de proporcionar esa geolocalización", insistió.
El artículo 189 del proyecto de ley del Ejecutivo señala que los concesionarios están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
Ello, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), de las procuradurías de las entidades federativas, o de los agentes del Ministerio Público, señala el proyecto de ley del Ejecutivo que analiza el Senado.
Respecto al supuesto incumplimiento de Telmex, Telcel y Telnor a las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el directivo dijo que si bien éstas podrían ser motivo para ordenar la desincorporación de activos, lo que busca Telefónica México es que las empresas de Carlos Slim se apeguen a la ley.
"Esto puede dar lugar a que el Instituto ordene que esas empresas se desprendan de activos; no es lo que nosotros queremos, lo que deseamos es que se lleve a cabo la instrumentación de las medidas que estableció y vamos a ver qué pasa", explicó.
Dijo que la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es fundamental para el buen funcionamiento del sector, lo cual representará beneficios para los usuarios.