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La cementera Cemex Latam Holdings (CLH), filial de la mexicana Cemex, negó este miércoles tener una oficina que se dedique a la gestión de sobornos, saliendo al paso de reportes de prensa que la involucran en casos de corrupción en Colombia.
CLH se encuentra en el ojo del huracán debido a que la justicia de Estados Unidos y de Colombia investigan sus operaciones en el país andino y otras jurisdicciones, para determinar si violó o no la ley de prácticas corruptas relacionadas con la construcción de una planta en el país sudamericano.
Una columna de la revista Semana informó que existen documentos que al parecer muestran una estrategia corrupta de la empresa para expandir su poder en el negocio del cemento y el concreto en Colombia, a través de la financiación de campañas políticas y sobornos.
No se pudieron verificar las afirmaciones de la columna.
"Contrario a lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, Cemex no tiene una oficina que se dedica a actividades que podrían ser contrarias a la ley", dijo CLH en una comunicación a la Superintendencia Financiera colombiana, el máximo regulador de los mercados de capitales.
La cementera dijo que las actividades de su oficina de Administración de Riesgos (Enterprise Risk Management, ERM por su sigla en inglés), a la que hacen alusión los medios, anticipa y coordina la administración de las dificultades para que Cemex alcance sus objetivos estratégicos, así como para identificar las oportunidades.
"Para Cemex la administración de riesgos es fundamental para reducir el impacto de eventos adversos y para capitalizar las oportunidades provenientes de un entorno de negocios cada vez más complejo e incierto", indicó.
La cementera destacó que continúa cooperando con las autoridades en las investigaciones y procesos judiciales en curso. En 2016, Cemex despidió a algunos de sus antiguos exejecutivos por irregularidades que causaron un detrimento a su patrimonio de al menos 20 millones de dólares.
La Fiscalía inició una investigación penal en la que se emitió sentencia condenatoria contra uno de los exejecutivos por el delito de administración desleal, además de imputaciones de cargos y acusaciones en contra de otro exejecutivo.
Los exempleados están prófugos de la justicia colombiana.