Grupo México incumplió con afectados por derrame de 2014 en Río Sonora: Salud

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló este lunes que Grupo México no cumplió con su responsabilidad con los habitantes afectados por un derrame de metales pesados en el Río Sonora.

Añadió que la empresa no cumplió con el compromiso de dotar de condiciones médicas y hospitalarias necesarias.

El derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 empeoró las condiciones de deterioro ambiental que se registra en esa zona; también hay 382 personas afectadas, y existen mil expedientes relacionados con esta problemática.

"El problema se agudizó con el accidente, desde mucho antes hay contaminación de agua, tierra y aire por la actividad minera. No se ha hecho nada por la salud de las personas y los animales", criticó el secretario.

En su participación Víctor Manuel Toledo agregó que la empresa tiene 15 días para contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respecto al incumplimiento de los compromisos contraídos desde 2014, cuando ocurrió el derrame de metales pesados.

"Se tomarán decisiones a partir de evidencia científica, no con actitudes improvisadas o de simulación porque estamos en un país de enorme abandono y lo ocurrido en el Río Sonora por el Grupo México es un ejemplo 'concretito' de esto", criticó Alcocer.

Apuntó que las conversaciones iniciadas el 18 de diciembre pasado, a las que asistieron 200 afectados ambientales, y los representantes de los siete comités ciudadanos, uno por cada municipio afectado por el derrame de tóxicos, implica analizar "toda la problemática de contaminación que implica por igual lo ambiental y estado de salud humana".

Asimismo, Alcocer apuntó que para atender los efectos en la población dañada por el derrame tóxico en el Río Sonora, provocado por el Grupo México, se desarrollará un plan de seguimiento a 15 años.

Por ello, añadió Alcocer, se propuso un nuevo plan que contará con el seguimiento de los tres niveles de gobierno.

"Será un plan de desarrollo a 15 años; el marco legal está basado en cuatro ejes, legal, multiparticipativo, con programas anuales y políticas de participación amplia y evaluación de metas y resultados", detalló el secretario de Salud en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Contó que hubo una reunión el pasado 18 de diciembre, en la que participaron autoridades, ciudadanos, académicos y representantes de la empresa.

"En la reunión aparecieron los afectados por este derrame tóxico", dijo al mencionar que todos quisieron expresar su opinión y se plantearon exigencias. Con base en ello se planteó el plan de seguimiento, expuso Alcocer.

Las exigencias de los habitantes incluyen que se dé servicio de salud, con el fortalecimiento de los hospitales, ya que el más cercano se localiza a 40 minutos en la capital del estado de Sonora; que haya personal suficiente y especializado, además de equipamiento moderno; y que se mejore el abasto en medicamentos.

"Además, pidieron seguridad en todo el estado y que el fideicomiso para resarcir el medio ambiente sea regulado por el Gobierno federal", señaló el secretario.

Criticó que el Fideicomiso creado por la empresa en 2014 no se ha cumplido como fue el acuerdo inicial.

Alcocer aseveró que se requieren 7 millones de pesos para dotar de todo el personal médico y enfermeras que atiendan a la población afectada, entre los que se encuentran incluso siquiatras porque la salud mental de los habitantes también resultó dañada.

"Otro compromiso de la compañía minera era la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica ambiental que sería financiada por el fideicomiso de la empresa ha sido letra muerta desde 2014.

Alcocer señaló que además se planteó que debe haber un manejo de las aguas residuales y de las lagunas de oxidación, para ello se contará con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y se promoverá un programa hidroagrícola en el estado de Sonora.

"Hay evidencias de que sigue la contaminación del agua", señaló el funcionario federal, quien denunció además que el hospital rural comunitario y el inmueble construido por el Grupo México para que funcionara como una unidad de salud no reúnen las condiciones necesarias para servir en este propósito.

Además, Alcocer informó que en la región del Río Sonora se requiere una unidad de vigilancia para medir el nivel de plomo, arsénico, cadmio y manganeso generados por la explotación minera, así como el seguimiento a los habitantes de la región.

"Se debe estimar la incidencia y la prevalencia de los metales pesados en la salud, además existe la necesidad de construir nuevas plantas potabilizadoras de agua en la región", explicó.

Puntualizó que esos metales y químicos afectan los tejidos como el sistema digestivo, los riñones, la piel y los pulmones y a los trabajadores de las minas debe realizárseles pruebas de tamizaje para detectar cualquier padecimiento porque están expuestos incluso a contraer cáncer.

"Se requiere una atención integral a toda la población con medicina especializada, vigilancia epidemiológica, vigilancia de la salud mental porque la población ha sido afectada también en su estado emocional, además de la vigilancia ambiental".

Añadió que se designará atención especializada a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y de mantener el control del agua con resultados de la medición de los ocho pozos, cuya vigilancia está a cargo de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).